La Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo ha asegurado que existen pruebas y argumentos suficientes para demostrar la responsabilidad de AENA por los daños causados por el cierre del espacio aéreo de los días 3 y 4 de diciembre en 2010. La responsable civil subsidiaria del proceso penal sería tambien el Ente Público AENA.
Según explicó a Europa Press el portavoz de la agrupación y abogado del despacho Cremades & Calvo Sotelo, Luís Vericat, afirmó que "existen argumentos y documentación que demuestran que Aena no actuó con la debida diligencia" en el conflicto laboral de los controladores.
Vericat hizo estas declaraciones tras conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, hecha pública ayer, que rechazó la responsabilidad del organismo dependiente del Ministerio de Fomento y desestima la demanda de un viajero afectado, al concluir que los únicos responsables fueron los controladores por abandonar sus puestos de trabajo.
El abogado señaló que este dictamen "no vincula a nadie y a nada" y que la agrupación continuará con su reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que actualmente está aún en trámite administrativo ante el Ministerio de Fomento.
Vericat añadió que los tribunales deberán valorar las pruebas que demuestran que AENA tenía conocimiento de que los controladores podían preparar alguna acción ante la aprobación del Real Decreto que modificaba sus condiciones laborales por parte del Consejo de Ministros.
El portavoz de la agrupación defendió las acciones colectivas frente a las demandas individuales e insistió en que "este tipo de demandas se ganan con la unión de los perjudicados".
La agrupación, que representa a cerca de 10.000 pasajeros afectados, presentará la primera demanda de responsabilidad patrimonial del Estado el próximo mes de febrero ante la Audiencia Nacional, cuando finalicen los seis meses de plazo de la reclamación administrativa.
Por otro lado, la agrupación mantiene la causa penal abierta contra los controladores que tramita el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid y cuya juez titular considera a AENA como responsable civil subsidiaria del daño provocado por el cierre del espacio aéreo.
