AESA impone una sanción de 280.000€ a SENASA

El Procedimiento Sancionador ya habría sido notificado a SENASA

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Madrid, SP.- Han pasado casi dos años (26 de mayo de 2015) desde que AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, abriera un Expediente o Procedimiento Sancionador a la tambien empresa del Grupo Fomento, SENASA, presidida por Pablo Fernández. Los incumplimientos están relacionados con materia de servidumbres aeronáuticas tras la actuación de la Inspección. 

Hace dos meses publicábamos un artículo en el que se hacía referencia a la herencia del ex-Secretario de Estado y ex-Ministro de Fomento, y ahora Ministro de la cartera de Justicia Rafael Catalá que titulábamos “La herencia del Ministro R.Catalá desmantela SENASA“. La sanción que impone AESA a SENASA evidentemente está relacionada nada menos que con una violación de la Servidumbre Aeronáutica en el mayor aeropuerto del país, Madrid-Barajas, donde SENASA tiene sus instalaciones. 

AD se puso en contacto con AESA para verificar esta información, ante lo que la Agencia se limitó a responder que no podía dar información sobre expedientes sancionadores, y unicamente lo podía hacer a las partes interesadas. AD pudo finalmente confirmar la información, así como que el importe de dicha sanción ascendería a 280.000€. No resulta baladí evidentemente el que una empresa pública, en cuyo nombre figura que uno de sus objetivos es los “Servicios y Estudios… para la Seguridad Aeronáutica, sea sancionada por algo que afecta a ésta por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Tampoco lo es el que precisamente SENASA que debería dar un exquisito ejemplo de la cultura de la seguridad, cuando una de sus funciones es impartir formación a los profesionales como controladores o pilotos a los que ofrece dichos estudios y les debe imbuir de dicha esencial cultura de la safety, sea sancionada por algo que afecta a la safety.

Hablábamos en nuestro artículo anterior de la “herencia de Catalá”, y al gestión de Pablo Fernández, y como consecuencia el desmantelamiento del único centro de formación aeronáutica pública, que además colabora con AESA, prestando apoyo a la Agencia tanto en las “labores propias de la Inspección”, como en el crítico SNS, Sistema de Notificación de Sucesos. Ambos han sufrido los efectos de la gestión del Sr. Pablo Fernández, produciéndose una situación de tensión evidente entre AESA y SENASA, ambas dependientes del  Ministerio de Fomento, exponencialmente incrementada ahora con esta sanción, y por lo tanto las chispas han saltado dentro del propio Ministerio.

A modo de ejemplo de la gestión que se está llevando actualmente a cabo, algunas fuentes nos señalan incluso la posibilidad de que la Inspección que ha tramitado este Expediente, hubiera sufrido distintos intentos de presiones directamente, con la intención de que fuera archivado el Expediente Sancionador abierto por la Agencia. SENASA según las Cuentas Auditadas en 2015, publicadas, tenía conocimiento de dicho Expediente de Inspección. La sospecha que se desliza sobre supuestas presiones a la Inspección, están reflejadas en dicha Auditoría Independiente de 2015, puesto que Senasa señala que “Los Administradores no consideran necesario dotar de provisión este concepto (es decir la posible sanción que ya existe como propuesta y por valor de 280.000€), lo que hace verosímil el que se hubieran producido dichas supuestas presiones a la Inspección, con el convencimiento de que esta sanción no llegaría a buen fin, dado que se trata de dos organismos pertenecientes al Ministerio de Fomento, AESA y SENASA. Pero no ha sido así.

Contablemente el no dotar de provisión la posible sanción, según otros auditores consultados por nuestro medio, podría no ajustarse a la normativa de contabilidad en vigor en España, lo que de confirmarse, sería de suma gravedad.

¿TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA en SENASA?

Senasa es una sociedad mercantil estatal participada al 100% por el Estado. Depende de la Dirección General de Patrimonio, y está adscrita desde el 2000 al Ministerio de Fomento. Es una S.A. Asumió las competencias del Centro de Adiestramiento y de las Escuelas de Vuelo sin motor de la DGAC, hoy desaparecidas. A partir de 2001 adquiría la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado. A partir de junio de 2005 por OM se reguló los encargos que podía realizar para la “ejecución de actuaciones materiales propias de la Inspección aeronáutica“.

Entre las normas que rigen su actividad se encuentra sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y a la Intervención General del Estado. Tambien está obligada a someterse a una Auditoría Externa como S.A.

Su Consejo de Administración, presidido y como Consejero Delegado por el Sr. Pablo Fernández García, cuenta con varios 10 consejeros delegados de varios ministerios (Hacienda, Fomento, Presidencia, Defensa, Agricultura). Desde el punto de vista estrictamente aeronáutico, entre los Consejeros aparece el propio Director General de Aviación Civil. La duración de cargos es de 5 años. La Comisión de Auditoría es responsabilidad de 3 personas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Inspector de Servicios, Interventor General y Vocal de Producción Normativa).

Un dato relevante que aparece en el Informe de Buen Gobierno el Presidente, Sr.Fernández percibió en 2016 132.315,48€, y que los miembros del Consejo de Administración percibieron un total de 116.229,78€.

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