ACC Palma y Torrejón, con un 30% de controladores imputados, gestionó 650.000 vuelos

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Madrid, SP.- Si partimos de la base de que los controladores operativos actualmente en España son aproximadamente 1.800, y 210 de ellos actualmente se encuentran imputados judicialmente en Madrid y Palma de Mallorca, a tenor de los datos proporcionados hoy por ENAIRE de un total de 921.558 vuelos gestionados, con un crecimiento de un 6,7% en los seis primeros meses del año 2017. Si tenemos en cuenta que entre el ACC de Palma y el de Torrejón de Ardoz en Madrid, aproximadamente trabajan unos 600 controladores en frecuencia, es decir casi un tercio del total de la plantilla operativa, podremos deducir con facilidad que un 70% de los vuelos gestionados de enero a junio, fueron controlados por más de un 30% de controladores sobre los que hoy pende una acusación penal en España.

Con estos sencillos datos oficiales de la propia ENAIRE, podremos sacar la simplificada y simplista conclusión (la realidad es mucho más complicada evidentemente) también de que si estos 210 ATCs fueran condenados, además de la crónica falta actual de controladores aéreos en España (unos 250), las jubilaciones en curso, y el período de formación de unos 18 meses necesarios para tener un controlador aéreo operativo, el escenario sería absolutamente inviable a corto-medio plazo al menos en el 30% del Espacio Aéreo español, o lo que es lo mismo, afectaría directamente a unos 195.000 vuelos, en 6 meses, 390.000 en un año mínimo si no continúa la progresión creciente de estos últimos años.

Si tenemos en cuenta que ese 30% de la plantilla imputada, a falta de estudios de riesgos psico-físicos, pero fácilmente deducible por la propia presión o pena de banquillo actual, dado que además de la cuestión de la responsabilidad patrimonial, el delito de sedición se pena en España con entre 4-8 años de prisión, el escenario debería hacer reflexionar, fundamentalmente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, cuya principal tarea es la de la supervisión de la safety, también de la Navegación Aérea, y que con estos datos objetivos tiene algo llamado amenaza clara, cierta y real para la seguridad operativa en ese 70% de vuelos gestionados desde estos dos ACCs, con un 30% de la plantilla bajo la imputación judicial.

Si la directora de AESA, fuera capaz de conversar como AD se ha molestado hoy en hacer durante más de 4 horas con controladores sumidos en este proceso penal del que hablo, para captar el inasumible nivel de estrés, fatiga, incertidumbre, etc… de estas personas hoy, muy probablemente y en una muy amplia proporción, les recomendaría, ahora sí, que tendría que ser de forma oficial y escrita como corresponde al carácter preventivo de AESA, que el 34.4 fuera contemplado como opción para reflejar su exacta situación sobre la capacidad o no de controlar aeronaves a 900 kms/hora con centenares de personas dentro.

La situación descrita es estricta y objetivamente la real en estos momentos…

Ante este escenario, un escenario donde la amenaza es real, además tenemos el dato objetivo también del incremento continuadamente sostenido del tráfico aéreo en España, lo que evidentemente supone un aumento de la carga de trabajo, cifrado en un 7,5% en estos 6 primeros meses del año, incluidos los dos ACCs con un 30% de su plantilla imputada.

También en la situación descrita, en las próximas 48 horas tendremos una situación de estrés añadido a todo lo anterior como es la decisión en uno u otro sentido para la firma de un Acuerdo de autoinculpación para estos 210 profesionales.

Es decir, la amenaza de esta tendencia, por la situación de este Factor Humano en el control aéreo español en las próximas 48 horas, se verá exponencialmente elevada, repetimos, para el 30% de los profesionales que gestionan el 70% del tráfico aéreo que sobrevuela nuestro país. Y ahora la responsabilidad está definitivamente en el tejado del Gobierno, Fomento, AESA y todos esos organismos que sostienen con sus impuestos los contribuyentes, para que hagan eficientemente su trabajo, en este caso, nada menos, que velar por la Seguridad Aérea en el Espacio Aéreo nacional.

 

 

 

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