Madrid, SP.- La conclusión de la investigación llevada a cabo por el Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional, por un presunto fraude en los descuentos para los vuelos a la Península de residentes en Canarias, Baleares Ceuta y Melilla, puede ser la puntilla que le falta a la última de las compañías de capital mayoritario español, Air Europa, y al Grupo Globalia. El Juez, según EP, lleva a la compañía a juicio como persona jurídica, exculpando a su Consejero Delegado, Juan José Hidalgo y a otros directivos contra los que en principio se dirigía la querella que se presentaba a finales de 2015.
Pero como en este país las cosas son como son, vozpópuli.com publicaba el pasado viernes un artículo titulado «Hidalgo pacta con Fomento para librarse de prisión por un fraude millonario«. En dicha información se señala que J.J.Hidalgo habría cerrado un pacto con la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Fomento para eludir la pena de prisión en el caso de que fuera condenado en el futuro por la Audiencia Nacional. También se señala que el empresario habría depositado 29 millones de euros en dos tandas. Estos 29 millones son el resultado del incremento en un tercio al que obliga la LEC art.589, a la cifra defraudada según Fomento. El objetivo sería conseguir un Juicio de Conformidad con la Fiscalía.
Pero por su parte la CEAV, Confederación Española de Agencias de Viajes, eleva la cuantía defraudada desde 2007, época de Manuel Bautista como Director General de Aviación Civil, según sus cálculos a «más de 100 millones», según la información de vozpópuli. La CEAV denunció lo hechos en 2014, aunque fue archivada, la Fiscalía de la Audiencia interpuso posteriormente una querella contra Hidalgo. Algunos de los presuntos delitos cometidos previamente a 2010 estarían prescritos.
La cuestión es que según CEAV «Fomento ha sido colaborador necesario para que prescriba el fraude y permitir que prescriba» La Confederación cree que «alguien tendría que hacerse responsable de la parte que ha prescrito». Se trata de un delito contra el Estado. La CEAV viene denunciándolo ante la Dirección General de Aviación Civil desde 2007, por lo que la prescripción no se debe a la falta de denuncia al respecto. CEAV señala que tienen documentación que prueba que desde 2007 la DGAC tenía constancia de que esta situación se estaba produciendo.
Se da la circunstancia de que con 12.000 empleados Globalia es el mayor grupo turístico español privado. A él pertenece Air Europa, que tras numerosos asuntos relacionados con los empleados y su contratación y relaciones laborales, no estaría pasando precisamente por su mejor momento, pese a las cifras que han hecho que el pasado año superara los 10 millones de viajeros por vez primera.
Todo esto está suponiendo todo este lastre judicial y pecuniario para Globalia, y sería una auténtica catástrofe nacional que el Grupo acabará llegando a una situación sin retorno como consecuencia, por lo que Fomento, evidentemente, está poniendo toda la carne en el asador en este asunto. El problema es que la presunta permisividad u omisividad de la DGAC pese a que estos hechos se vienen denunciando desde 2007 según CEAV señala, hacen que el respaldo de Fomento quizás no sea suficiente para parar este preocupante declive…
