Air France acusa a Airbus de "ignorar" los avisos que envió al fabricante aeronáutico sobre los problemas con las sondas pitot, las que permiten verificar los indicadores de velocidad de las aeronaves, que de haber sido tenidas en cuenta podrían haber evitado la avería del vuelo París-Río de la aerolínea, que cayó al Atlántico el 1 de junio de 2009 y en el que murieron 228 personas.
Según revela el diario francés Libération', la aerolínea entregó a finales de septiembre un informe a la juez Silvia Zimmermann, encargada de la investigación judicial del accidente, en el que reprocha a Airbus no haber atendido a sus advertencias sobre las sondas, aspecto éste que, según los expertos, podría "haber contribuido al accidente". El informe, entregado por el abogado de la aerolínea Fernand Garnault, señala que, en una quincena de ocasiones durante los diez meses anteriores al accidente, Air France notificó incidentes similares en otros aviones al ocurrido en el accidente del vuelo de París-Río y que éstos "quedaron sin recomendaciones ni soluciones que paliaren este problema perenne", a pesar de que se sabía del "carácter crítico y peligrosidad de estas averías". Al parecer, la formación de placas de hielo en las sondas provocó que estas se bloquearan con lo que la lectura de los indicadores de velocidad que veían los pilotos no era la correcta. El segundo informe de la Oficina de Investigación y Análisis (BEA, según sus siglas en francés), encargada de la investigación, recomendaba "cambiar los criterios para la certificación" de las sondas de velocidad –conocidas como 'pitot'– de la marca francesa Thales en los A330 y A340 por otras del fabricante estadounidense Goodrich, ante las dudas sobre la fiabilidad de las mismas a cierta altura, aunque aclaraba que no es la única causa que originó el accidente. Está previsto que el informe final se emita en diciembre.
Un juez brasileño condenó a la aerolínea ha pagar 1,15 millones de euros a un familia por una de las víctimas. Actualmente, hay 40 procedimientos similares a éste en los juzgados de Brasil y EEUU, donde la compensación podría rondar los cuatro millones de dólares (unos tres millones de euros) por persona.
