Santa Cruz de Tenerife, SP, 13 de mayo de 2013.- Ocho con La Graciosa. Privilegios de la Naturaleza diseñados para bienestar del visitante y orgullo del anfitrión. Ocho diversidades que configuran una ultraperiferia mágica para quienes, desde la lejanía, sueñan con paraísos e imaginan fantasías de felicidad en escenarios de paz y rincones de placer para cuerpo y alma.
Tierras feraces, agradecidas a la mano que las trata con amor. Paisajes que decoran el espíritu de quien se recrea en su contemplación. Dulzura en el clima y en el acento amable de su gente. Historia de pueblos heroicos en el recuerdo colectivo. Raíces genuinas de raza altanera y generosa; de humildad y señorío; de sufrimiento y de grandezas. Letra de folclore que habla de amor, respeto y admiración por lo suyo, por todo aquello que desea compartir con quien se acerca a recibir, de su mano tendida, el saludo de bienvenida y ofrecimiento de hospitalidad.
¿Alguna duda sobre la entidad y el «todo a favor» que aquí disfrutamos para sabernos, sin ambages, situados en el mejor lugar del mundo, donde el visitante encuentra un emporio pletórico de riqueza moral y el entorno vacacional soñado desde la crudeza de sus inhóspitos países de origen?
¿Por qué, entonces, nos hallamos sumidos en la inquietud constante por una fuente económica en progresivo deterioro?
El turismo como «monocultivo» tiene riesgos que dependen de factores geoestratégicos y de la benevolencia, o no, de la madre Naturaleza a la hora de repartir sus «catástrofes naturales». Pero si a pesar de esa vulnerabilidad, se opta por renunciar a otros recursos, cual es el sector primario, para aglutinar todos los esfuerzos en la explotación turística, se requiere la eficacia de medidas inmediatas pero, sobre todo, la eficiencia institucional dirigida hacia objetivos de futuro.
¿Cómo puede depender de las tasas aéreas el éxito de una campaña estacional? Pero, ¿qué son esas «tasas» y cómo funcionan? Parece imposible entenderlo si se entremezclan conceptos: «tarifas aeroportuarias», «tasas de navegación aérea», «subvenciones a la operación aérea» o «bonificaciones a las aerolíneas».
La última declaración al respecto, vertida por el ministro de Industria y Turismo, en el sentido de que las bonificaciones a aerolíneas no pueden salir de los Presupuestos Generales del Estado, y que cada Comunidad Autónoma es muy dueña de aplicarlas por su cuenta y a su costa, no parece un discurso apoyado en el conocimiento ni en un criterio racional, pues induce a cometer una irregularidad con dinero público.
La normativa de la CE, a través de la «Comisión (antiguo Tribunal) Nacional de Defensa de la Competencia», establece una serie de requisitos y condiciones, ciertamente restrictivas, bajo las que pueden concederse estas dádivas -con dinero público- a determinados empresarios de la aviación comercial. Es el medio de controlar y evitar la competencia desleal. Los condicionantes que «legalizan» este tipo de concesiones, están vinculados a dos conceptos:
Por una parte, como incentivo a la creación de nuevas rutas. Pero, !atención!, el listado de exigencias y garantías para la empresa bonificada está tipificado exhaustiva y detalladamente. De modo que cualquier enloquecido operador aéreo no pueda plantear el chantaje, tras abrir una ruta nueva (bonificado el 50% el primer año y el 25% el segundo, !y sanseacabó!), con el consabido «O me pagas más, o me voy». La ineptitud de algunos responsables autonómicos ha propiciado que casos como este, se hayan prodigado en España, con dinero de los ciudadanos, contraviniendo la Ley y en favor exclusivo de los intereses del empresario que, de cualquier modo, habría seguido operando la nueva línea.
El otro concepto afecta muy directamente la conectividad de la ciudadanía canaria. La UE establece (2008) la normativa OSP (Obligación de Servicio Público). Consiste en una compensación económica, mediante concurso y posterior contrato, para la aerolínea que asuma una ruta OSP (de implantación muy extendida en Europa). Aquí, el abandono institucional y la ignorancia ejercida sobre este procedimiento de servicio público, redunda en un perjuicio flagrante para la movilidad de una población discriminada por la insularidad. !Ojo!, que la presencia de un monopolio local tampoco favorece en nada este derecho ciudadano, también conculcado.
Para dar validez al problema se requiere proponer soluciones. Para Canarias, en la encrucijada actual, el remedio está en «las tarifas aeroportuarias». Es decir, que la autogestión de ese negocio específico, la explotación de nuestros siete aeropuertos insulares, ahora en manos de AENA, (monopolio ejerciente e implacable), permitiría, no solo captar los beneficios que ahora «vuelan» y pasan de largo, sino controlar los precios de las 37 servidumbres aeroportuarias para hacer atractivo el negocio a todas las compañías aéreas, sin discriminar a unas bonificando a otras. Años ha que esta legítima reivindicación, compatible con el Estatuto de Autonomía, debiera haberse exigido para que hoy estuviese consolidada.
Claro, que el éxito de nuestro «monocultivo turístico» no debería depender de intereses foráneos. Es increíble, desde la perspectiva profana, que el mejor espacio turístico del mundo carezca de un tour operador propio, de una aerolínea chárter específica y de la autogestión aeroportuaria. Parece que el «boom» se gestase con la única prioridad de la construcción masiva de hoteles. Así pasa, y parece lamentable, que el grueso de los beneficios se quede fuera de casa. Con los paquetes de «todo incluido», los vuelos «low cost» de mochila y escasa disponibilidad para el consumo, el bajón del turista peninsular y la presión de los tour operadores extranjeros; todo confluye para que el triunfalismo de los eventuales incrementos de afluencia turística no repercuta en nuevos puestos de trabajo.
¿Quizá convendría reorientar la gestión institucional hacia otros planteamientos y reivindicaciones distintas de la simpleza de unas bonificaciones absurdas?
