Guadalajara, SP.- Sr. Director: A finales del mes pasado Aviación Digital se hizo eco de la denuncia que el SLTA, sindicato mayoritario en el Sector de Trabajos Aéreos, había presentado ante la Fiscalía General del Estado en relación a la ineficacia e ilegalidad en la que se viene desarrollando año tras año la denominada Coordinación de Medios Aéreos en la Lucha Contra Incendios Forestales en España.
A mi modo de entender dicha acción sindical no tuvo el eco que por su importancia sería de esperar ni tampoco está siendo suficientemente valorada por los profesionales del sector, razón por la cual quisiera remitirle mi opinión al respecto por si la considera merecedora de interés.
La denuncia es relevante no sólo por los hechos denunciados: ineficacia e ilegalidad de la actividad, sino también por el hecho mismo de haber sido presentada la denuncia.
Es indiscutible la necesidad de contar con un sistema de coordinación de los medios aéreos que intervienen en la LCI pero sus deficiencias son sobradamente conocidas por los profesionales quienes las han tratado en múltiples ocasiones a lo largo de estos años , tanto en artículos como en publicaciones o incluso jornadas y reuniones con las Administraciones implicadas; a pesar de ello la inacción durante décadas de algunas de estas últimas justifica la presentación escrita de esta denuncia a fin de que la constancia de tal conocimiento sea fehaciente. No en vano advierte el sindicato de que actuaría judicialmente ante futuribles incidentes o accidentes laborales debidos a las carencias en esta materia. El SLTA remitió para su conocimiento copia de dicha denuncia a muchos otros organismos relacionados, desde la DGAC a la AESA, la CIAIAC, las consejerías con responsabilidad en la LCI en todas las Comunidades Autónomas, la UME, Defensor del Pueblo…
Aunque en mi opinión seríamos muchos los que tendríamos algún grado de responsabilidad en que la coordinación no sea hoy una actividad regulada y ejecutada de manera eficaz, de entre todos los organismos relacionados es sin duda alguna la Dirección General de Aviación Civil la principal responsable de estas carencias, puesto que siendo el organismo que debiendo desarrollar la normativa necesaria en esta materia no lo hizo en el pasado ni parece tener intención de hacerlo próximamente ¿a qué sino publicar en 2014 un RD específico sobre LCI que no regula y apenas cita de forma confusa la coordinación? Su actual Director D. Raúl Medina Caballero está llamado a poner inmediata solución a la inhibición de sus predecesores en el cargo.
La DGAC es sabedora de que multitud de profesionales han reflejado en distintas publicaciones las deficiencias y necesidades reglamentarias para normalizar la Coordinación de Medios Aéreos en LCI.
Las tripulaciones, pilotos y tripulantes, que nos dedicamos a dicha actividad merecemos poder hacerlo con el auxilio de un sistema de coordinación que en la mayor medida posible garantice un alto nivel de seguridad compatible con el desarrollo eficaz de nuestro trabajo. Desde luego no es esa la situación en la que nos enfrentaremos a nuestro trabajo en la presente campaña, otro año más.
Siendo la DGAC responsable de la carencia de normativa, es inexplicable la dejación de funciones de la AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en su labor de inspección de esta actividad aérea. La Coordinación de medios aéreos continúa realizándose a día de hoy con múltiples incumplimientos de la normativa y por tanto de forma ilegal, además de ineficaz como ya hemos reiterado.
Dña. Marta Lestau Sáenz, su directora, es por tanto responsable de la dejación en materia de vigilancia e inspección, ante las cuales ya ni siquiera podría alegar ignorancia. Téngase además en cuenta que ya se produjeron accidentes aéreos con resultado de muerte y con causa en las deficiencias de la Coordinación en la LCI, tal como han concluido las investigaciones de la propia CIAIAC.
La denuncia presentada por el SLTA insiste en estos aspectos citados, pero al ser además remitida a las CCAA las pone en conocimiento de que existen riesgos laborales en la actividad que contratan ante los cuales no se están tomando las medidas preventivas eficaces necesarias. Del mismo modo les notifica que son ilegales con lo que al contratarlos presumiblemente incurrirían en uso ilegal de sus presupuestos.
A los «coordinadores» se les está informando de que presumiblemente realizan la función de manera ilegal ya que, entre otros incumplimientos, no cuentan con las certificaciones necesarias para ello. Algo de esto han de conocer también los directores de operaciones y los comandantes de aeronaves de coordinación.
Conjugar el que cuanto antes se pueda realizar la función tan necesaria de coordinar los medios aéreos en LCI con el que se haga eficazmente, de forma segura y además legal, no parece tarea sencilla pero eso es precisamente lo que (decisiones de índole político aparte) entra dentro de las competencias de la DGAC y AESA. principales responsables de que hayamos llegado hasta aquí en estas condiciones impropias de un estado moderno y de derecho.
