El conflicto en Aerolíneas
Cirielli, secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), ha cargado duramente contra la militarizaición y como medida de fuerza contra los trabajadores de AA
(LA NACION.com.ar)
Señalado por el Gobierno como el responsable de una medida de fuerza que obligó a la cancelación de todos los vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas, el secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli, negó ayer las acusaciones y dijo que el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el presidente de la compañía aérea, Mariano Recalde, lo usaron como una especie de chivo expiatorio para cubrir sus propios errores.
A la vez, Cirielli atacó con dureza la decisión de la Casa Rosada de recurrir a la Justicia con la intención de sacarle la personería gremial a su asociación. "Ningún gobierno democrático hizo una cosa semejante. Van a quedar muy mal", advirtió el sindicalista de APTA.
"Esto es lo mismo que hizo Patricia Bullrich [que era ministra de Trabajo] en el 2001, cuando yo defendía a Aerolíneas y pedía que se hagan inversiones. No hay antecedentes en democracia, al menos desde el 83, de que se haya hecho semejante cosa similar a la de las dictaduras militares", agregó sobre el pedido de suspensión de la personería jurídica del gremio. Cirielli, que fue subsecretario de Transporte Aerocomercial durante el gobierno de Néstor Kirchner, sostuvo que los funcionarios cancelaron todos los vuelos para no admitir que cinco de los diez aviones de la flota internacional no estaban en condiciones de volar. Y que prefirieron acusarlo porque estaban molestos por una carta que les envió el 1º de este mes, en la que acusa a la gestión Recalde de no haber cumplido con compromisos firmados para la inversión en mejoras de la compañía aérea.
"Seguro fue una represalia por la carta. No hay otro motivo para que nos acusen de hacer un paro. Buscan ocultar su ineficiencia", dijo Cirielli a LA NACION. Según explicó, la aerolínea tenía dos aviones con el tren de aterrizaje vencido hace dos años y esta semana tuvieron que sacarlos de servicio por requisitoria del fabricante, Airbus. Además, otra aeronave se descompuso en Roma y otros dos aeronaves (un Jumbo 400 y un Airbus 340) habían ingresado en una inspección programada.
"Tener dos aviones parados porque sus trenes de aterrizaje estaban vencidos es, además de un riesgo para los pasajeros, una responsabilidad de la máxima autoridad de la compañía", dijo Cirielli.
El Gobierno acusa a APTA de haber violado una conciliación obligatoria y de llevar adelante un "paro encubierto". Esta posición fue expresada por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Trabajo, Carlos Tomada, además de por Schiavi y Recalde (ver aparte). Cirielli negó que sus afiliados hayan realizado una medida de fuerza y afirmó que el problema que suscitó la conciliación obligatoria fue con el gremio, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).
Autorizaciones
No obstante, el sindicalista reconoció que algunos técnicos se negaron a firmar autorizaciones de vuelo debido a que las aeronaves presentaban irregularidades. "Si estuviéramos de paro, ¿porqué sólo suspendieron las operaciones internacionales, si nosotros representamos a todos los técnicos?", se preguntó Cirielli.
Por otra parte, el sindicalista ironizó sobre las declaraciones de Recalde, que dijo que los aviones iban a volver a volar a partir de hoy. "Si era un paro, ¿cómo sabía entonces que yo iba a levantarlo el lunes?", se preguntó.
Los inspectores del Ministerio de Trabajo no encontraron anteayer técnicos en los hangares "porque allí se trabaja de lunes a viernes", se defendió el sindicalista ante los cuestionamientos lanzados desde la Casa Rosada.
En otra nota reciente, en este caso dirigida a Schiavi, el jefe de APTA se había quejado de las carencias que padecen en su ámbito de trabajo los controladores de vuelo, que tuvieron que pagarse de su bolsillo desde un monitor para poder recibir la señal del radar hasta "las lapiceras para escribir".
Cirielli descartó de plano la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo pueda quitarle la personería gremial. Pero lanzó una dura advertencia a la Casa Rosada: "En todo caso, deben ir a la Justicia. Ningún gobierno democrático hizo una cosa semejante; van a quedar muy mal", dijo.
