Santa Cruz de Tenerife, SP.- El momento de resolver con eficacia y solvencia política la precariedad que, durante más de una década, lleva sufriendo esta población por la carestía abusiva de los pasajes de avión para desplazamientos interinsulares, que viene provocando serios problemas de discriminación de los habitantes canarios con respecto al resto del Estado, puesto que, redundando en el tópico y en la evidencia, en la península disponen de medios alternativos y asequibles para viajar a lo largo y ancho de una geografía que dispone de carreteras, vías y autopistas, a las que añadir los ferrocarriles de cercanías, de largo recorrido y la red de AVE –la más extensa de Europa, solo superada por China en el resto del mundo–. Allí arriba, la movilidad popular tiene cubiertas sus necesidades básicas a un precio moderado y competitivo.
En Canarias, obviando la muy condicionada opción marítima como alternativa al transporte de pasajeros entre islas, el medio aéreo es el único viable para asimilar los derechos constitucionales de los ciudadanos insulares con el resto. Limitados por nuestra ultraperiferia y condición archipielágica, se requiere la aplicación prioritaria y urgente de medios suficientes para compensar el flagrante defecto discriminatorio.
Al parecer, y en virtud del reciente éxito de las negociaciones de Nueva Canarias con el gobierno central, a cambio del decisivo voto favorable a los PGE, entre otras reivindicaciones se ha conseguido el compromiso estatal de bonificar con el 75% –lo que hasta ahora era “solo” el 50 %– el precio de los vuelos interinsulares a residentes. Con lo que el Estado cumple, en apariencia, su compromiso de proteger económicamente los legítimos intereses de una ciudadanía desprotegida al respecto.
Suena bien. Pero… He aquí la oportunidad del gobierno autonómico, a través de la Dirección General de Transportes y de las consejerías afectas a la operación, no solo de lucirse ante la ciudadanía canaria, que también, sino de erradicar definitivamente el abuso que impunemente se viene cometiendo desde la única compañía aérea que opera entre las islas en calidad de monopolio, priorizando el negocio a costa de los legítimos derechos contemplados en nuestra Carta Magna.
Si hasta ahora, las bonificaciones han sido –están siendo– entregadas sin recato a las arcas empresariales, para beneficiar unas cuentas de resultados millonarias, a costa de unos precios exagerados, sin competencia ni protección en favor de los usuarios, no sería aceptable, en este momento, que en lugar del 50 %, fuese un 75 que pasase a engrosar el bolsillo acaparador, sin repercutir en la deseada facilidad para los desplazamientos interiores, perentorios, por trabajo, urgencias médicas, o merecido placer, de una población demasiado maltratada, en connivencia y al amparo de las autoridades responsables.
Autoridades que hoy tienen la oportunidad histórica de reivindicarse ante la opinión pública si son capaces de, por ejemplo, limitar drásticamente a la baja el precio máximo que la compañía puede asignar al usuario, para que el empresario obtenga unos beneficios razonables, ¡sí!, pero que el ciudadano canario pueda volar entre islas a un precio asequible, y que el Estado no tenga que pagar auténticas fortunas con dinero público que aportamos entre todos… para que se forren unos pocos.
Los precedentes no invitan al optimismo, pues por correlación histórica, una compañía que se gestó mediante una operación afortunada en su día; operativamente estructurada con personal competente y experimentado; con trienios y sueldos que se ajustaban a aquello de trabajo digno, igual a salario digno. Pero apareció la especulación empresarial para cercenar el concepto de servicio público a cambio de reducir costes y generar todavía más beneficios. Al amparo de la nefanda reforma laboral, para ir pergeñando un ERE masivo, se simularon pérdidas donde no las había, mediante la externalización de actividad, material y ceder operaciones a otras compañías menores de bajo coste, para vaciar de contenido a la matriz y justificar el dspìdo del personal experto y sustituirlo por mano de obra barata. Todavía fue más rentable “comprar” las empresas “alquiladas”, trasvasarles todos los aviones, las rutas y seguir ganando un pastón, pero no con la titular, a la que dejaron con un solo avión –para mantener la marca–, y con ayuda de la justicia (intencionadamente en minúscula) despedir a todos los empleados antiguos… excepto alguno que permaneció en la brecha como infiltrado bien pagado… (de los de siempre).
Aparte de la publicidad y propagandas electoralistas, la realidad actual es que los usuarios residentes canarios, que no tienen más remedio que volar, lo hacen en una compañía “Low Cost”;. pero tiene que pagar precio High Class que no se corresponde con el valor real.
Con estos antecedentes, la fiabilidad de la compañía, es nula. La única esperanza es que la coyuntura actual del 75 % actúe como revulsivo político para poner las cosas en su sitio.
04/06/2017 www.elricondelbonzo.blogspot.com
