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COPAC considera que la investigación judicial del JK5022 no profundiza en las causas del accidente

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Ampliar la visiónMadrid, 13 de diciembre de 2011.- El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) considera que el auto del juez que instruye el accidente de Spanair no profundiza en las causas y los factores organizacionales que contribuyeron a que se produjera dicho accidente, limitándose exclusivamente al error humano.

La información que ha trascendido sobre el auto del Juez y las declaraciones de algunos imputados que afirman que hay averías que no son convenientemente identificadas, analizadas ni reparadas en el tiempo previsto para una escala, ponen de manifiesto las malas prácticas de los operadores aéreos y la deficiente supervisión por parte del Ministerio de Fomento de los procedimientos de los operadores, situación que desde hace años viene denunciando el COPAC.

El COPAC lamenta que ni la investigación técnica llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) ni la judicial hayan sido capaces de averiguar por qué fallo el sistema TOWS, que debería de haber avisado a la tripulación de que el avión no tenía la configuración correcta para el despegue, lo que hubiera evitado sin ninguna duda este fatídico accidente.

En este sentido, el COPAC denuncia nuevamente que las investigaciones relativas al accidente de Spanair no están cumpliendo con su propósito, que no es otro que evitar que vuelva a producirse un accidente en el que concurran circunstancias similares, ya que todas estas deficiencias siguen presentes en nuestro sistema.

Por este motivo, el COPAC solicita al nuevo Parlamento que se constituirá en los próximos días que analice seriamente los muchos temas pendientes en materia de seguridad aérea, como la necesidad de garantizar una adecuada supervisión por parte de la Autoridad aeronáutica que corrija las malas prácticas que siguen presentes en la aviación. Así mismo, el COPAC solicita que el Plan Estatal de Seguridad Operacional esté controlado directamente por el Parlamento y no dependa solo del Gobierno, con el fin de velar por su correcta ejecución.

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