Madrid, SP, 19 de noviembre de 2014.- Que el ex presidente de AENA, Juan Ignacio Lema y el actual presidente del Ente Público todavía, José Manuel Vargas, se encuentren con una demanda por parte de los vecinos de Ciudad Santo Domingo, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº35 de Madrid, resulta informativamente relevante. Se enfrentarían en el caso de ser imputados, acusados y condenados a penas de privación de libertad e inhabilitación para profesión u oficio y cargo público. Pero el hecho de que la demanda admitida a trámite, el pasado 13 de noviembre, «por presuntos incumplimientos de pronunciamientos judiciales EN FIRME», por una Sentencia, EN FIRME, del Tribunal Supremo, no es una broma ni mucho menos. Se trata de delitos punibles penalmente al amparo de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por desobediencia y contra el medio ambiente. Han pasado 6 años desde que el Supremo emitiera su fallo, por lesión de derechos fundamentales por contaminación acústica, ordenando el cese de la «causa de la lesión», sin que se haya ejecutado o acatado dicha Sentencia en Firme. Todo esto tras la ampliación del aeropuerto, causa primaria, dicha decisión, de todos los derechos posteriormente afectados, según el Supremo. Los demandantes piden una fianza «para continuar en libertad-privándoles si no lo hicieren- así como «cubrir responsabilidades civiles o pecuniarias, que de no hacerse decrete el embargo de bienes…», según nota de la agencia de noticias EP, señala. De paso tambien se demanda a la directora de Planificación y Medio Ambiente de AENA, Amparo Brea y al responsable entonces de ese departamento, José Manuel Hesse.
El artículo infringido del Código Penal es el 410, por desobediencia, es decir se trata de un supuesto delito, y por lo tanto de ser así, en el caso de haber pronunciamiento judicial en este sentido favorable a los querellantes, estaríamos hablando de delincuentes, con penas de multa e inhabilitación para empleo y cargo público, especial, de entre seis meses a dos años. Además por el supuesto delito, tambien en el caso de pronunciamiento favorable de los Tribunales, se trataría de presuntos delincuentes, contra el Medio Ambiente, en su artículo 325 y ss. del Código Penal, con penas de prisión de 2-5 años, es decir se castiga con la severidad de tener que ingresar en prisión, y multa de 8-24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años. Lema es ingeniero aeronáutico en ejercicio, y preside la patronal de los ingenieros, y Vargas además del cargo público en la actualidad como presidente de AENA, profesionalmente es Licenciado en Económicas y Empresariales y en Derecho. Esto tambien se lo juegan en caso de pronunciamiento favorable de los Tribunales.
No se han cumplido los fallos del Tribunal Supremo de los años 2008, 2011 y 2013, según el colectivo vecinal demandante, al haber instado a AENA al cese de la contaminación acústica, que no se ha producido.
ANTECEDENTES (EP)
Aparte, recuerdan que los querellantes están admitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la ejecución de esos pronunciamientos, en la que están personados 1.269 residentes.
Afirman que el Supremo decretó que el ruido del tráfico aéreo con destino al aeropuerto de Barajas en la zona lesiona a los vecinos sus derechos fundamentales, después de que iniciaran sus reclamaciones en 2002.
Además, aseguran que los querellados «han permitido agravar notablemente la situación, incrementando todos los parámetros que el Supremo consideró y afectando a miles de residentes en una urbanización afectada de forma homogénea, sin que exista justificación legal, salvo falta de respeto por las sentencias judiciales».
Añaden que ahora el caso, tras una sentencia del Supremo de 2013 decretando de nuevo la no aplicación del fallo, se encuentra en una tercera fase de ejecución y los vecinos han optado por esta querella al observar que con el último informe de Aena se pretende «simular cumplimiento de sentencia», lo que les ha llevado de nuevo a formular alegaciones.
El titular de que se encuentran con la horma de sus zapatos se debe a que dado el nivel económico-social medio alto (en número de hasta 900), de los vecinos agrupados de Ciudad Santo Domingo, dispongan de posibles para todas estas demandas judiciales, además de por ejemplo, tambien algunos de ellos tener cargos públicos como concejales en el Ayuntamiento de Algete, donde tienen la llave del gobierno municipal en manos del PP, a pesar del tiempo transcurrido, deben ser un motivo de seria preocupación para los demandados. Se enfrentan a un colectivo poderoso en el amplio sentido de la palabra. Ahora los servicios jurídicos de AENA, Abogacía del Estado, etc… se están enfrentando a un colectivo en el que la balanza de la igualdad ante la Ley, no tiene el handicap de lo costoso de los procedimientos judiciales para hacer que la Ley, que es y debe ser para todos iguales, esté limitada por la cuestión de la limitación económica. Se trata de una lucha más equilibrada para hacer que la Ley se cumpla en toda su amplitud. Lo veremos.
