Barcelona, SP (Meritxell Codina Blog).- Hace tan solo unos días se hacía público el informe que encargó la Comisión Europea a la Agencia Ferroviaria Europea (AFE) sobre el accidente del Alvia en Angrois en el que perdieron la vida 80 personas y hubo más de un centenar de heridos.
El informe en cuestión, que llevaba más de cinco meses terminado, pero que las autoridades europeas no publicaron hasta hace un par de semanas, pone al descubierto en sus conclusiones el que es el gran talón de Aquiles de nuestro país: nuestras investigaciones no son independientes y su contenido no aborda elementos clave.
Desafortunadamente no es la primera vez que España y sus investigaciones quedan cuestionadas ante la comunidad internacional. Una auditoría llevada a cabo por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el año 2010, sitúa la calidad de nuestras investigaciones de accidentes aéreos a niveles inferiores de países como Cuba, Mali o Nigeria, todas ellas muy alejadas del modelo europeo.
Víctimas y familiares de víctimas de accidentes aéreos, pero también profesionales del sector, han puesto de manifiesto en multitud de ocasiones que tanto la CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil) como la CITAAM (Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares) demuestran ser ineficientes por la falta de rigurosidad en sus investigaciones y la deficiente calidad de sus informes. Lejos de cumplir con su principal fin, que es evitar futuros accidentes, en ocasiones parecen más preocupadas por ocultar o ignorar las causas reales.
Las Comisiones de Investigación españolas sufren un gran descrédito en nuestra sociedad, cuando deberían ser merecedoras de la confianza pública y de las instituciones y de la sociedad civil en su conjunto por la calidad e independencia técnica de sus dictámenes. Su misión es conocer todas las circunstancias que rodean un accidente para evitar que se repita, sugiriendo acciones correctivas a todos los operadores de sistemas para, en definitiva, contribuir a la seguridad y salvar vidas.
Y en medio de todo este panorama, un ejecutivo en funciones decide renovar la composición de la CIAIAC. Y lo hacen discretamente y con un procedimiento cuestionable ya que no ha sido aplicado el protocolo previsto para la renovación ni tampoco necesaria la comparecencia previa del postulado a presidente para la exposición de su proyecto para los próximos 6 años. Así es como España ha renovado la composición de la CIAIAC y ha puesto al frente del órgano encargado de realizar las investigaciones de accidentes aéreos al que fuere hace unos años el máximo representante de Airbus en España.
España y el nuevo Gobierno que se conforme deberían tener un firme compromiso con la seguridad, desde la parcela de responsabilidad que les compete. Debería ser la primera prioridad del ejecutivo trabajar para construir y gestionar nuestras infraestructuras de manera más segura, conservar y mantener nuestros equipamientos e instalaciones a la vanguardia de la seguridad y sobre todo y, por encima de todo, ejercer la autoridad de la que disponen los diferentes órganos para controlar, inspeccionar y supervisar el estricto cumplimiento de la normativa. Especialmente de la normativa de seguridad, desde la primera hasta la última.
Nuestro país debe cerrar capítulo y abrir una nueva etapa. Una etapa en la que nada se deje en el aire, nada puede dejarse en manos de la improvisación y mucho menos cuando hablamos de seguridad aérea.
España debe dejar atrás la adolescencia y madurar, aprender de los errores del pasado para mejorar introduciendo cambios profundos, empezando por las comisiones de investigación. Debe estar asegurada la independencia funcional de la CIAIAC y de las demás comisiones, y debe garantizarse la existencia de un pleno con extenso conocimiento en la materia y experiencia en todas las áreas involucradas pero desde la imparcialidad y la objetividad. Tenemos por delante la ardua tarea de pasar de un modelo tradicional y reactivo a un nuevo modelo preventivo que busque anticiparse al fallo del sistema. Pero aun así, si se produce un fallo debemos disponer de un criterio unificado, un único protocolo de actuación, coordinado y organizado para atender las necesidades cuando ocurra.
Nuestras comisiones de investigación deben volver a ganarse el respeto de la ciudadanía desde la objetividad y la transparencia. Nuestra sociedad es merecedora de informes rigurosos ante la tragedia, porque si bien es cierto que nada ni nadie nos devuelve a los que ya se fueron, conocer la verdad y saber que se tomarán todas las medidas para evitar que lo mismo vuelva a suceder, hace más llevadero el camino.
Si las cosas no empiezan a cambiar desde ya, a falta de unos días para el inicio de las Olimpiadas de Rio, si de algo podemos estar seguros es que España se lleva la medalla de oro a la falta de rigor en sus investigaciones.
