Madrid, SP, 17 de agosto de 2015.- Los partidos políticos tradicionales con representación parlamentaria de ámbito nacional (PSOE, IU, PP y UPyD), CC,PNV o CiU podrían sumarse, y los que aspiran en las próximas Elecciones Generales a representar a la Soberanía Nacional (Podemos y Ciudadanos), tienen delante un Acuerdo que les propone la AVJK5022 para reconducir mediante una Comisión Parlamentaria, y subsanar el déficit en la actuación tras el accidente del 20/08/2008, en el que 154 personas fallecían y 18 resultaron heridas, con el objeto de concretar una serie de acciones para esclarecer las causas (la Verdad técnica) y las responsabilidades (Justicia) de esa tragedia. Con el formato de un Contrato (que podría elevarse a público notarialmente), entre esos partidos firmantes, y la sociedad civil que representa la Asociación, los firmantes se comprometen por escrito mediante una Comisión Parlamentaria UTIL y PRACTICA, a llevar adelante los 5 puntos de este Acuerdo, a modo de «contrato social» entre FAMILIARESyVICTIMAS/PARLAMENTO. Resulta tan novedoso, que los partidos que ya tienen el documento, muy probablemente estén con el pie cambiado, sabemos que la perplejidad está haciendo mella, pensándose si comprometerse o incluir en sus programas electorales, algo que realmente volvería a poner a España al nivel de Autoridad que nuestro Sector Aéreo requiere. Pero evidentemente, para firmarlo se ha de creer en la Verdad y en la Justicia, de verdad… El antecedente ya existe con un documento firmado en Valencia por PSOE,Podemos,Compromis,Ciudadanos,EU y UPyD firmado el pasado 4 de mayo, días antes de las Elecciones Autonómicas, y que finalmente se ha visto materializado en la creación de una Comisión y la intervención ante el Parlamento Valenciano de su presidenta, la Sra.Garrote. ¿Porqué no puede suceder lo mismo a nivel nacional con el accidente de Spanair?
Aquí es donde se verá si hay una verdadera intención política de mitigar la seria duda que la Sociedad Civil alberga sobre los políticos en España y lo auténtico de sus compromisos. Aquí se verá, y se verán retratados, en si realmente el Parlamento está representando, no sólo formalmente, sino tocando con los pies la tierra las legítimas preocupaciones de los contribuyentes. Siete años después esas preocupaciones no han sido resueltas por ninguno de los Tres Poderes. Ejecutivo (2 partidos han gobernado), Legislativo (dos partidos han tenido el poder para cambiar la legislación) y Judicial (dando carpetazo a la vía penal, civil-administrativa y constitucional). La Verdad y la Justicia, no han imperado según la AVJK5022, pero no sólo según los afectados. Profesionales, opinión pública, sociedad civil en general, albergan 7 años después más dudas que respuestas, intuyendo que la opacidad sigue escondiendo toda una cadena de responsabilidades no depuradas. Y esta es la inestimable función que una Comisión Parlamentaria puede enmendar, aunque tarde… una parte del daño que se ha hecho. Una parte del daño que nos hemos hecho como Sociedad.
El Acuerdo, «contrato social», que la AVJK5022 propone a los partidos que pueden gobernar España empieza por la apertura de una Comisión Parlamentaria del Vuelo JK5022. Objeto investigar el «antes», «durante» y «después» del accidente. Esa Comisión deberá depurar responsabilidades profesinales, técnicas, de gestión y políticas. Todo ello comenzando a hacerlo desde 5 años antes del accidente (2003).
Proponen en Primer lugar, una Auditoría Independiente de la gestión de la DGAC, fundamentalmente encaminada a aclarar las dudas fundadas sobre el Certificado de la aeronave accidentada, de forma definitiva. Valoración de los cambios DGAC/AESA, antes y después del 20/08/2008. Análisis de la gestión del accidente y sus consecuencias, depurando el origen y las responsabilidades de las filtraciones «del entorno de la Ministra», Magdalena Alvarez, sobre causas preliminares… En el primer año de legislatura la Comisión deberá quedar finalizada.
En Segundo lugar, fijan el plazo de un mes desde la finalización de la Comisión para ejecutar las acciones disciplinarias a las que hubiere lugar, con los responsables de la DGAC concretamente, que pudieran tener alguna responsabilidad, técnica, de gestión u omisión, o políticas, después de investigar el accidente.
En Tercer lugar, toda una serie de acciones prácticas legislativas, con el horizonte máximo del 2º año de legislatura. Aquí incluyen:
1.-Creación de un organismo Multimodal de Investigación de Accidentes e Incidentes de grandes tragedias con víctimas múltiples en España, FORMADO POR PROFESIONALES y dependiente del Congreso de los Diputados, con independencia total de la propia Administración del Estado, para garantizar la verdad técnica, la transparencia y efectividad de investigaciones. Justo lo contrario a lo sucedido con la CIAIAC y el accidente de Spanair, en definitiva.
2.-Colaboración REAL con la Justicia, para asegurarse que los responsables negligentes sean juzgados y en su caso sancionados, de acuerdo con la legalidad vigente en nuestro país. Se propone incluir dentro de las competencias de la Audiencia Nacional y Juzgados Centrales de Instrucción la investigación de este tipo de accidentes.
3.-El desarrollo del Reglamento CE 2027/1997 sobre la responsabilidad de compañías aéreas y el Baremo por muerte y lesiones de acuerdo con las Pólizas a las que obliga la UE.
4.-Emisión del documental «Una cadena de errores» en TVE1. La televisión pública de todos los españoles que de forma inaudita ha declinado emitirlo pese a que el coste sería 0, dado que el objeto del propietario, la AVJK5022 es la simple divulgación.
En Cuarto lugar, se contempla que en el caso de la reapertura de la Causa Judicial, por hechos no investigados anteriores al 20 de agosto (por ejemplo si se determina algo concreto novedoso sobre el Certificado prorrogando la aeronavegabilidad del avión de Spanair,…) el compromiso es aportar todos los recursos necesarios para llegar hasta el final de esa nueva investigación.
En Quinto lugar, DE FORMA INMEDIATA, a la toma de posesión de los cargos del nuevo Gobierno, propiciará la máxima colaboración con la Justicia, agilizando la aportación de toda la documentación requerida (hay documentos todavía inéditos 7 años después sobre el accidente) y el apoyo de la Abogacía del Estado de acciones para conocer toda la verdad y evitar el mínimo resquicio de duda. Como hoy en día sucede. En este punto, algo que tambien resulta llamativo, es que en el caso de reapertura, los imputados paguen su defensa de su bolsillo, por muy empleados públicos que sean.
Este auténtico «contrato social» por la seguridad aérea en España, no sería comprensible, si lo que se pretende es regenerar la falta de Autoridad de las instituciones aeronáuticas en España, que no se suscribiera por todos los partidos políticos e incluso se incluyera como compromiso en su Programa Electoral. No hay colores políticos que destiñan, si realmente se cree en la Justicia y Verdad, Verdad y Justicia, y en el servicio a los ciudadanos que debería ser una función básica del Congreso de los Diputados. Ahora, con la concrección de este documento, veremos quién de verdad está dispuesto a cumplir con la deuda que nuestras propias instituciones mantienen con los 154 fallecidos y 18 supervivientes del accidente. Ahora veremos quien está dispuesto a retratarse porque de verdad cree en que la Verdad puede florecer finalmente. Lo demás son todo palabras, palabras de políticos, palabras vacías. Es hora de que éstos, que para eso están, lo lleven a la realidad para comenzar, TRAS SIETE AÑOS, a dar un poco de paz a sus conciudadanos.
¿Qué es arriesgado? Más arriesgado es seguir siendo connivente con este estado de cosas que lastra desde hace décadas la reputación técnica y de la seguridad de nuestro Sistema Aeronáutico. Así tambien se mejora la Marca España y el buen nombre de nuestra nación. Ha llegado el momento de la valentía política… a pesar del escepticismo generalizado del ciudadano, muy arraigado en nuestro país. Ellos no pierden la esperanza, y «ellos» tambien somos nosotros. Es el momento de comenzar a regenerar décadas de oscurantismo y décadas de falsedades
