Gran Canaria, SP, 22 de octubre de 2015.– Pese a la oposición de AECA Helicópteros, Asociación Española de Compañias Aéreas, a una de las condiciones del Pliego, referida a la restricción de concurrir como propietario o arrendador financiero de las aeronaves, en lugar de wet o drylease de las aeronaves, a la que pertenece el propio adjudicatario en la UTE HASA, la UTE formada por Europa Agroforestal (EURAL) e Hispánica de Aviación, uno de los más reputados operadores de helicópteros en España junto con la empresa, tambien prestigiosísima, que proveerá de personal especializado en rescate, capital 100% español, a la que no habían concurrido otros, como el anterior INAER con su partner Foresma, el Gobierno de Canarias adjudicaba oficialmente en el día de ayer el GES (Grupo de Emergencias y Salvamento) de Canarias, en dos lotes, y en sus cinco islas, los cinco helicópteros que desde el próximo mes de noviembre se ocuparán de este servicio esencial en el archipiélago. Según fuentes próximas a este Concurso Pública, AD ha podido saber que incluso los rescatadores del anterior operador, podrían prestar servicios para esta nueva UTE, pese a no ver facilitada esta transición pacificamente. El importe total es de 33.637.494,24EUR según aparece reflejado en el BOE para 6 años prorrogables a otros dos. En HASA hoy no ocultaban su satisfacción porque alguna vez la vida sonría a quien intenta hacer con honestidad las cosas en este convulso sector.
Si no fuera por la guerra abierta desatada entre los operadores en distintas licitaciones públicas de los gobiernos Central y Autonómico, carecería de relevancia esta adjudicación. Podría interpretarse como algo normal tambien, dentro de un mercado de libre competencia. Tambien lo ha sido a Sky Helicópteros en el caso del Servicio Extinción de Incendios en Extremadura, etc… Un cambio de modelo en las adjudicaciones, es el espectáculo al que estamos asistiendo, un cambio histórico, que a su vez significa un cambio en el reparto del tradicional helipolio imperante durante décadas en el sector.
Esta situación nos consta está haciendo que el nerviosismo entre los operadores dominantes, que manejaban mayoritariamente el sector de los helicópteros en España, con peligrosas cuotas de mercado que hacían que las administraciones públicas estuvieran practicamente en sus manos para poder cubrir los servicios públicos esenciales de SAR, Incendios o HEMS, ha estallado en añicos desde que la ministra Tejerina abriera la Caja de Pandora de los helicópteros de las BRIF en el Ministerio de Medio Ambiente este año. Marcha atrás, tras adjudicaciones provisionales, parches, en plena Campaña de Incendios 2015. Bochornoso espectáculo de improvisación y caos.
El ceñirse única y exclusivamente de forma fundamental en los Pliegos públicos a las Condiciones Económicas en estos concursos, con el reconocimiento por parte de los Tribunales Administrativos de la imposibilidad de control de las Prescripciones Técnicas, parece ser, está tocando a su fin. A ello ha contribuído significativamente el cambio de color político en las CCAA. En un sector con la siniestralidad del de los helicópteros, y cuando menos, unas limitaciones evidentes en la supervisión por parte de la Autoridad (ayer se hacía públicos los datos de Inspecciones de AESA donde se reflejaba que éstas sólo han afectado al 1%-196- de las más de 18.400 realizadas en España), las Administraciones Públicas tienen una enorme responsabilidad en el cómo y en el quién es el operador más idóneo para gestionar estos esenciales servicios públicos. Las Administraciones Públicas han de tapar los agujeros reasonianos, previamente a que la Autoridad Aeronáutica lo haga con la Norma en la mano… o llegue a tiempo de hacerlo.
Por esto el que nuevos operadores, con una nueva cultura de la gestión de la operación, como es el caso de HASA, TAF, Sky y otros, vayan diversificando en distintos servicios públicos esenciales esta nueva filosofía de las empresas operadoras en relación con los estándares de seguridad en su operación, no cabe duda que es una buena noticia para el sector, y servirá de revulsivo para una mejora en éste. Esa es la tendencia, y así debe ser…
Dentro de esa guerra el nuevo adjudicatario se ha encontrado con serias dificultades, que está solventando más por voluntad que por obligación, incluso para poder contratar al personal del antiguo prestatario del servicio. Los trabajadores son los que nominativamente tienen que tener la certificación de los cursos que han realizado y aprobado. Hace pocos días publicábamos la necesidad de la inclusión en los Pliegos de la facilitación para la subrogación del personal, con sus certificaciones acreditativas y profesionales correspondientes, cuando se produce la transicion entre dos empresas para un servicio público esencial. Estas «trabas» además se complementan con las del limbo en el que se encuentran los trabajadores, limbo intranquilo, que oficialmente no están despedidos, pero que mientras no se oficialice su situación laboral de despido, no pueden ser contratados por la nueva UTE que ya oficialmente ha resultado adjudicataria. Una transición ordenada hace que todo el mundo salga ganando desde el punto de vista laboral, y sobre todo, mejora incluso la imagen corporativa del licitante que no ha resultado vencedor en este concurso público. Cuestión de buena o mala voluntad corporativa simplemente.
