Guadalajara, SP, 17 de febrero de 2013.- El culebrón de las demandas de transparencia, de los controladores aéreos españoles, está llegando a sus últimos capítulos, al menos en España. Esta "novela" puede pasar factura y salpicar a Ana Pastor, del mismo partido que Posada. A requerimiento de Ascensión de las Heras (IU), portavoz de transporte del Congreso, tras la negativa del Gobierno a aportar los ya famosos estudios de seguridad previos y obligatorios, a la implementación de la nueva jornada laboral de los controladores españoles, el presidente del Congreso de los Diputados va a reclamar a Fomento y a AENA éstos documentos. Si es que existen. Su existencia es más que dudosa, puesto que a los profesionales no les consta consulta alguna en este sentido, siendo ellos, como son, los afectados.
El período de respuesta ordinario del Gobierno a este requerimiento, terminaba el pasado 26 de diciembre de 2012. El extraordinario, lo hacía el 21 de enero de este año. A partir del 5 de febrero, ya nos encontramos en el denominado "período de amparo".
El presidente del Congreso reclamará a Fomento y AENA documentos de seguridad aérea
El presidente del Congreso actuará tras múltiples denuncias sobre presuntas deficiencias de seguridad en la normativa aplicada a los controladores aéreos, en la época en la que Blanco era Ministro de Fomento, Lema, presidente de AENA, Carmen Librero, directora de Navegación Aérea, e Isabel Maestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Estas dos últimas siguen ocupando cargos de al menos la misma trascendencia desde el punto de vista de la seguridad en nuestro país, y en el caso de Librero, el Gobierno del PP incluso la ha ascendido en el escalafón de las responsabilidades como Secretaria General de Transportes. Esto último no sólo ha sido ampliamente criticado por los profesionales del sector, sino que además podría salpicar a la propia ministra de prosperar la generalizada creencia de los incumplimientos de AENA-NA, Fomento y AESA, de la normativa europea que obliga a la realización de los Estudios previos a la implementación de modificaciones sustanciales en la jornada de los profesionales del control aéreo. Esto se "solucionó" con toda una serie de disposiciones legales, en un ejercicio del poder, que podría haber comprometido la seguridad operativa en nuestro país, con la amenaza cierta de la fatiga a nuestros profesionales, al no estudiarse previamente la incidencia psico-física de las imposiciones ad-hoc legislativas. Es decir, se habrían tomado decisiones exclusivamente políticas, pudiendo éstas contravenir la normativa europea al respecto, así como la propia seguridad de las operaciones.
El presidente del Congreso de los diputados ha iniciado por este motivo, un procedimiento de amparo con el fin de que las autoridades aeronáuticas españolas entreguen documentación relativa al cumplimiento por parte de AENA de la directiva europea de prevención de riesgos laborales y salud laboral -Directiva 89/391/CEE-
Ascensión de las Heras, portavoz de la Comisión de Fomento del Congreso (IU), solicitó el pasado mes de noviembre al gobierno la entrega de toda la documentación relativa a los estudios de seguridad y consulta efectuados a los controladores aéreos españoles con carácter previo a la imposición de su nueva jornada laboral. Estos estudios previos son de obligado cumplimiento en España desde 1995 tras la implantación de la directiva comunitaria de prevención de riesgos laborales y salud laboral. La finalidad de estos documentos es garantizar que estos trabajadores no ven mermada su capacidad de reacción y su estado de alerta por desgaste físico o psíquico. El Gobierno, tras agotar un periodo de prórroga, no ha presentado documentación alguna.
La Comisión Europea ha iniciado un proceso de investigación- CHAP 2012/2902- tras la denuncia de la asociación de controladores aéreos ATC Petition. En su último escrito la Comisión sugirió a esta asociación de controladores iniciar un procedimiento judicial en España -para complementar el procedimiento europeo en curso- con el fin de denunciar el presunto incumplimiento de la directiva europea. Penalistas españoles de reconocido prestigio han aceptado el encargo de defender a ATC Petition ante las violaciones por parte de AENA de la directiva europea de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
