Zaragoza, SP.- No las tenían todas consigo los familiares de los 6 fallecidos en el impacto del helicóptero, que trasladaba a los miembros de la Brigada de Alcorisa, y su tripulación, (uno de los pilotos resultó herido) cuando depronto la aeronave impactaba contra el terreno un 19 de marzo del año 2011. La aeronave un Bell 407, EC-KTA del operador INAER impactaba contra el terreno con estas trágicas consecuencias. La causa penal fue archivada. Pero del propio Informe Técnico A008/2011 de la tan cuestionada como desprestigiada Comisión de Investigación española, en esta ocasión, de manera excepcional y muy probablemente por la intervención pericial y técnica profesional del COPAC, no se pudieron «ocultar» circunstancias, elementos causales y conclusiones, como para que todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón alcanzaran hoy la unanimidad, tambien excepcional de la apertura de una Comisión que lo investigue a fondo.
65 votos a favor y ninguno en contra, para la creación por vez primera en España de una Comisión de Investigación de estos eventos catastróficos impulsados por una Institución pública. Hoy desde esta perspectiva es un día histórico y un hito quizás para la mejora de la seguridad aérea en nuestro país. Para que haya una oportunidad de que comience a emerger la Verdad con la creación de una Comisión de Investigación del suceso trágico, así como para desvelar lo que sucede tras la inasumible e inaceptable siniestralidad en los Trabajos Aéreos en España. También quizás se comience a ver algo que se asemeja a un rayo de luz transparente para el corazón de familiares, amigos y compañeros de los finados. Este es el escaso, casi misérrimo consuelo para los familiares, amigos y compañeros de los que ya no están, tras este suceso luctuoso, como en tantos otros sucedidos en España. Esta Institución ha de ejercer finalmente de última barrera, tras la incapacidad de otras instancias públicas, para hacer que se satisfaga la exigencia de los afectados, de total transparencia y profundidad técnica entorno a lo sucedido.
Todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón finalmente en lugar de ponerse de perfil, han decidido afrontar de forma valiente lo que se esconde aún tras este suceso realmente. Más aún teniendo en cuenta que en esta ocasión las causas concurrentes y el detonante causal aparecen en el Informe Técnico con meridiana claridad. El antes del accidente, la trazabilidad de una pieza, etc… es quizás lo que se llegue a discernir de forma fehaciente con esta Comisión.
Afortunadamente el PSOE, que junto con el PAR, gobernaban en aquel momento en Aragón, en el caso del PAR controlando SODEMASA la empresa pública aragonesa que contrataba la extinción de incendios, han apostado por un intento de clarificación de la Verdad. Quizás a regañadientes, pero han dado este valiente paso al frente. Los políticos aragoneses en el caso de los partidos tradicionales han advertido contra que los familiares se creen expectativas falsas derivadas de la apertura de esta Comisión. Esto en principio parece humanamente razonable, pero los grupos de nuevo cuño (Podemos fundamentalmente) y Ciudadanos, que no tienen lastre de ningún tipo, ni han tenido responsabilidad de Gobierno, así como el CHA, han decidido e impulsado con firmeza que esta por vez primera Comisión para investigar un trágico suceso aéreo en España, vea por vez primera la luz. Luz y taquígrafos. Cierto nivel de transparencia. Conclusiones, etc…
En el caso de los Trabajos Aéreos, la administración contratante realiza pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas en los concursos públicos, que pueden considerarse en ocasiones auténticas amenazas para la seguridad aérea, por dejación, permisividad, poca exigencia técnica, que además, también en ocasiones no son supervisadas de forma, cuando menos poco eficiente, por AESA, que es quien tiene esas competencias en materia de inspección. Todas estas falencias del sistema (no entramos en aspectos dolosos que pudiera haber) han de ser detectadas y corregidas evidentemente.
Finalmente, e independientemente de las responsabilidades políticas que pudieran derivarse, en el caso de la aparición de nuevos elementos objetivos como para que emerjan otro tipo de responsabilidades (jurídicamente hablando), potencialmente, podría reabrirse una nueva causa en último extremo. Este salto aunque complicadísimo jurídicamente, no es imposible, ni mucho menos, si aparecen nuevos indicios racionales de criminalidad, tras un análisis exhaustivo de todos los elementos, y los nuevos, de los que Sus Señorías puedan disponer 6 años después de aquel trágico Día del Padre de 2011.
¿Las instituciones públicas un filtro en el camino de la Verdad y la Seguridad?
Precisamente hoy también se está dilucidando la apertura de una Comisión en el Congreso de investigación del accidente del Alvia de Santiago, que se ha aprobado, y también se está valorando una respecto al JK5022. No pueden ni deben existir agravios comparativos en la búsqueda de la Verdad. No parece razonable que en cámaras autonómicas sean capaces de llegar a crear comisiones para aclarar todos y cada uno de los extremos de lo sucedido, a pesar de que en principio los Tribunales lo hayan cerrado todo, y que el Congreso de los Diputados de la nación de nuevamente un portazo a familiares, amigos y compañeros de las víctimas. No podemos volver a asistir a lo sucedido en el Senado respecto a la PNL del JK5022, tras la aprobación unánime en varios parlamentos autonómicos (Canarias,Madrid, Castilla-León…), donde se incluía entre otras cosas una Comisión, y la negativa por la mayoría apisonadora del PP, cuando en todos estos foros autonómicos, ayuntamientos, cabildos, hubo, como hoy ha sucedido en Aragón, unanimidad de todos los grupos políticos.
Pero además hay una lógica en todo esto, de cómo se podrían abordar estas cuestiones evitando el agravio comparativo entre unos y otros accidentes. Un accidente no puede ser un intercambio de cromos de una u otra formación en el caso de que un partido esté gobernando y otro en la oposición cuando se materialice una tragedia de este tipo. El bien público que supone la mejora de la seguridad se debe mantener por encima siempre de cualquier interés partidista. No se puede cambiar el cromo del «Alvia» por el del «JK5022». Esto no resulta ni sostenible, ni justo, ni tolerable. El bien público que representa la seguridad aérea debe abstraerse siempre y en todo momento del debate de la responsabilidad de cuando se gobierna o no. Está por encima. Es un bien supremo. Y, sobre todo, es un derecho de los ciudadanos que son los que con su voto, delegan su representación en las instituciones.
Cuando se trate de una operación aérea, y esto sólo es una idea, como en este caso de incendios, donde haya aspectos que no satisfagan a los afectados, el ámbito autonómico parece una buena opción para ejercer de última barrera para la Verdad, (en este caso SODEMASA era una empresa pública), y cuando sea una operación que entra en todos sus términos en las competencias estatales (como es claramente el caso del JK5022 o el accidente de Swiftair sin ir más lejos), la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados puede ser el ámbito competencial para abordarlo. En cualquier caso es un servicio que las instituciones pueden y deben prestar por encima de cualquier interés político-partidista. Así es como se avanza en los países avanzados.
