El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) presentó este martes una denuncia ante los Juzgados de Plaza Castilla por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de las conversaciones de cabina del vuelo JK5022 de Spanair, siniestrado en Barajas el 20 de agosto de 2008 y en el que murieron 154 personas. La denuncia fue presentada en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, dirigida contra los responsables de la difusión de la transcripción de las conversaciones por el vocal del órgano colegial Eduardo Gavilán y el asesor jurídico de la institución, Franciso Maroto. Según ha podido saber AD, el juez que instruye el caso podría incluso ordenar que le sean entregadas las grabaciones que la CADENA SER tiene en su poder, para su análisis por el Juzgado.
En ella, el Copac solicita que se abra una investigación judicial de la citada filtración y sus posibles responsables, requiere a la Cadena Ser que aporte la información íntegra y literal que le ha sido suministrada sobre la transcripción de las conversaciones de los tres ocupantes de la cabina del avión siniestrado y pide al juez que cite a declarar al periodista del mismo medio, autor del artículo en el que figura el contenido de las grabaciones.
En declaraciones a los medios momentos antes de presentar la denuncia, el vocal aseguró que la difusión de su contenido entorpece el desarrollo de la investigación y perjudica "seriamente" a las víctimas, tanto de los pasajeros como de los tripulantes, y poner en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas.
"Es fundamental que los profesionales tengan confianza en el sistema y estas filtraciones no contribuyen en absoluto a ello. De manera voluntaria dejamos que se graben nuestras conversaciones sólo con el fin de ayudar a la investigación y prevención de accidentes, para que no vuelvan a ocurrir, no para que se utilicen de forma punitiva ni para que se utilicen en un titular", sentenció.
Gavilán aclaró que la denuncia no va dirigida en contra de la Cadena Ser ni hacia el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación de informar, derecho "sagrado". "Ustedes tienen fuentes y saben perfectamente lo importante que es protegerlas. Si los pilotos nos vemos coaccionados, ¿qué debemos hacer declarar ante notarios y abogados?", se preguntó.
PIDEN RESPONSABILIDAD A LOS MEDIOS
En esta línea, hizo un llamamiento a la conciencia social y a la responsabilidad de los medios de comunicación ante las consecuencias que la difusión de imágenes, del material técnico y de las grabaciones de las conversaciones en cabina, "que no aportan absolutamente nada, se han sacado de contexto y forman parte del ámbito privado", provocan sobre las familias.
"Cada vez que salen estas imágenes, hay unas familias, hay unas novias, a las que se les produce dolor y dolor. ¿Qué objeto tiene?", se preguntó, para añadir que hoy " estamos menos seguros que ayer".
Gavilán, que evitó valorar el contenido de las conversaciones, insistió en que es a los técnicos y al juez a los que les corresponde investigar. No obstante, se preguntó si el juzgado cuenta con los suficientes medios para que la investigación se ralentice. "Las víctimas tienen todo el derecho a que se investigue y no se les puede poner más escalones a los que ya tienen, que son muchos", lamentó.
Preguntado por la evolución de la investigación, opinó que si se quiere que volar sea seguro hay que dotar de medios para que el proceso avance no sólo al juez encargado del caso sino a la propia Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes (Ciaiac).
Según explicó el asesor jurídico del Copac, Francisco Maroto, el Copac entiende que la difusión del contenido de estas conversaciones vulnera la confidencialidad de la documentación que actualmente obra en poder del juzgado de instrucción número 11, encargado de la investigación judicial del accidente del vuelo JK5022 de Spanair, en baso el art. 198 del Código Penal, así como de la normativa aeronáutica en vigor.
Si la denuncia es admitida a trámite, el juez de instrucción al que le corresponda tendrá que incoar un procedimiento judicial y la habilitación de las oportunas diligencias con el fin de identificar a los supuestos autores de la filtración, trámite que, en cualquier caso, no paralizaría el proceso judicial sobre el accidente que sigue su curso.
REUNIÓN CON FOMENTO
Por otro lado, avanzó que el Copac se reunirá el próximo vienes, 14 de mayo, con la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, para trasladarle la necesidad de que la reforma de la Ley de Seguridad Aérea, que actualmente está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, contemple la protección de este tipo de información, tal y como establece la Organización de Aviación Civil (OACI).
Al respecto, Gavilán explicó que el órgano colegial está manteniendo rondas con los diputados que forman parte de la Comisión de Fomento en la Cámara Baja para darles a conocer una serie de alegaciones, para que la reforma de la Ley se base en la normativa internacional en aras de la mejora de la seguridad aérea operacional.
