El letrado de la pareja del piloto fallecido tachó de vergonzosa la adquisición y puesta en servicio de la aeronave, con piezas canibalizadas, o de museos. Tambien criticó a la administración aeronáutica por la documentación aportada sobre la aeronave al no corresponderse con ésta.
El siniestro tuvo lugar en el pirineo de Lleida y causó ocho muertos.
El aparato no había sido inspeccionado por sus últimas cien horas de vuelo y no tenía permiso para llevar pasajeros
Lleida, 17 de octubre de 2011.- El administrador de la empresa propietaria del helicóptero estrellado hace nueve años en el Pirineo de Lleida en un accidente con ocho muertos, Pedro Maria S.M.A., ha responsabilizado al piloto fallecido de volar pese a que el aparato no había sido inspeccionado por sus últimas cien horas de vuelo y pese a llevar pasajeros, para lo que no tenía permiso.
El helicóptero se estrelló en Torallola el 14 de junio de 2002, en el municipio de Conca de Dalt, y murieron todos los ocupantes del aparato que había sido contratado para supervisar la red eléctrica. Fallecieron la delegada de Industria en Lleida, Divina Esteve; el piloto, Vicente Roselló; el copiloto, Jordi Escuté; el jefe de Energía, José Santiago; el funcionario Francesc Franch; los empleados de Eléctricas Helcosa Víctor Corredor y Julio Hernández, y el jefe de líneas de Fecsa, Luis Peláez.
El director de operaciones de la empresa era entonces "el propio piloto fallecido y amigo, Vicente Roselló", ha respondido el administrador a las preguntas de la Fiscalía. Pedro María S.M.A. ha sido el primero de los cuatro responsables de la empresa que ha declarado en el juicio abierto por el Juzgado Penal 1 contra él y tres responsables más de la empresa: los ingenieros aeronáuticos de la misma empresa A.G. y J.C.P., y el técnico de mantenimiento C.M.
Este juicio se suspendió para atender las acusaciones particulares que representan a las familias de las ocho víctimas, que solicitaron al juez que Fomento formara parte del procedimiento al considerar que podía tener alguna responsabilidad en el siniestro, porque otorgó el certificado de aeronavegabilidad a la empresa propietaria del helicóptero, Helieuropa Services.
La Fiscalía ha solicitado cinco años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados, a los que imputa ocho delitos de homicidio por imprudencia profesional y uno contra los derechos de los trabajadores. En su escrito de acusación, el fiscal les acusa de reconstruir un helicóptero que perteneció al Ejército del Aire, sin autorización ni habilitación para ello; de aplicar un programa de mantenimiento inadecuado de la nave, y de transportar pasajeros en ella, pese a que Aviación Civil se lo prohibió expresamente. "Como empresario no se le puede imputar más responsabilidades que constituir la empresa; contrató a todo el personal con la titulación que la ley le exigía", ha declarado el abogado del administrador.
El letrado de la pareja del piloto ha afirmado que la trazabilidad en la adquisición y puesta en servicio de la aeronave es "absolutamente vergonzosa" por haber contado con piezas de aparatos viejos, algunos de piezas de museos. También ha criticado a la administración, por facilitar documentación que no se corresponde con la aeronave siniestrada.
