Los sindicatos UGT-PV, CCOO-PV e Intersindical Valenciana han criticado hoy la liberalización de las torres de control anunciada por el Gobierno en aeropuertos como los de Manises y El Altet, al considerar que la "privatización" de los aeropuertos no solucionará el conflicto de los controladores aéreos.
El secretario de acción sindical de la Intersindical Valenciana, Adel Francés, ha indicado en rueda de prensa que la solución "es justo la contraria", que el servicio de control aéreo sea prestado por funcionarios, ya que los controladores son ahora empleados públicos de AENA.
Según el responsable sindical, el personal funcionario no se habría atrevido a actuar como lo hicieron los controladores el pasado puente de la Constitución, porque -asegura- se les habría separado del servicio "para siempre".
"El control aéreo ha de seguir siendo público porque nos jugamos las comunicaciones", ha añadido, y ha asegurado que no se trata sólo de una cuestión económica sino "de derechos", puesto que, según dice, el derecho a desplazarse en avión no quedará garantizado si se privatizan las torres de control.
Por su parte, el secretario general de CCOO-PV, Francisco Molina, ha defendido que el paro protagonizado por este colectivo los pasados días 3 y 4 de diciembre no justifica una modificación de la ley de huelga, ya que la actuación de los controladores no tuvo "nada que ver" con una movilización sindical.
Según Molina, el debate creado en torno a la necesidad de intervenir en esta ley es "interesado" y asegura que la polémica suscitada por el paro de los controladores no es más que un "globo sonda".
Respecto a la liberalización de las torres de control, el responsable de CCOO-PV ha asegurado que el país es hoy "un poco más pobre", puesto que esta operación constituye, a su juicio, un traspaso de las rentas de los trabajadores a empresas privadas.
Por otra parte, el secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, ha indicado que los sindicatos no descartan convocar una nueva huelga general si se reforma el sistema público de pensiones.
Al respecto, Molina ha asegurado que las reivindicaciones por parte del sector privado en torno a la necesidad de modificar el sistema de pensiones no tienen "ninguna rigurosidad", ya que éste "tiene recursos" y no se vislumbra ningún "horizonte de alarma" en las próximas dos décadas.
En su opinión, "los mercados" pretenden desmantelar el sistema de pensiones para "meter mano" en los ahorros de los trabajadores, algo a lo que el Gobierno se está rindiendo "vergonzosamente".
Por último, Hernández ha recordado las manifestaciones convocadas para el próximo día 18 en la Comunitat Valenciana, que tendrán lugar en las tres capitales de provincia, así como en Elda, Elche y Alcoy.
El objetivo de esta convocatoria es, según ha explicado, denunciar la puesta en marcha por parte del Gobierno de políticas "regresivas" para los trabajadores y el conjunto de la sociedad.
Los sindicatos han convocado también una concentración para mañana de delegados sindicales en Valencia, Castellón, Alicante y Ontinyent frente a las sedes de la patronal valenciana para protestar por el hecho de que al 30 por ciento de los trabajadores de la Comunitat no se le aplica, según dicen, ningún convenio colectivo.
