Madrid, SP.- La «esperanza blanca» tanto del Gobierno socialista, y concretamente Pepe Blanco, al nombrar a Carmen Librero como directora de Navegación Aérea, y máxima responsable del control aéreo español cuando desembocó en el cierre del espacio aéreo, la militarización y el Estado de Alarma, tuvo una continuidad política por parte de Ana Pastor, del PP, cuando fue encumbrada a los «altares» de la aviación patria, como Secretaria General de Transportes, es decir, máxima responsable inmediata jerárquico-política de AESA (sólo por debajo en la cadena de mando del Ministerio del Secretario de Estado y el propio Ministro). Hubo incluso un fallido intento «canonizador» de Iñigo de la Serna, actual Ministro de Fomento, para encumbrarla a directora general de Eurocontrol, no sabemos exactamente, con qué coste para el contribuyente.
Pues bien, la Secretaria General, tiene amplia experiencia en AENA como responsable de la gestión económica cuando era un Ente 100% público. Por lo tanto, además de su responsabilidad sobre AESA en aspectos técnicos, que debe conocer en profundidad, tiene también, por su cargo, responsabilidad política evidente, en la gestión económica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pues en el organigrama de Fomento así consta, incluso por encima de la propia directora de AESA. Hace escasas semanas señalábamos que el Tribunal de Cuentas había puesto la mirada en la liquidación que AESA habría realizado de las Tasas de Ruta al proveedor de servicios ENAIRE, del que por cierto Librero (cuando era Aena) tuvo responsabilidad directa de la gestión económica, y por lo tanto experiencia sobrada, y de la que fue directora de Navegación Aérea, y por lo tanto, más experiencia aún en la gestión económica y más responsabilidad aún.
Pues bien, ahora el PP, según EP, que la ha encumbrado a su actual puesto político, ha propuesto cancelar el acuerdo por el cual se realiza la liquidación de las tasa de ruta aérea tras las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, que en un reciente informe de fiscalización advirtió de que en 2015 ENAIRE se quedó con 1,75 millones de euros que corresponderían a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por la recaudación de esta tarifa. Es decir, que a AESA «se le habían pasado» algunos millones de euros que le adeudaban, lo que indica una gestión al menos, deficiente de unos 3,85 millones de euros.
Frente a ello, ENAIRE sostuvo que la liquidación de la tasa de ruta en 2015 a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se hizo conforme al acuerdo de colaboración vigente entre estas dos entidades, fechado en diciembre de 1995, entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Meteorología y Aena.
Ahora, los ‘populares’ quieren que los departamentos implicados en este acuerdo adapten «adecuadamente» el funcionamiento del Sistema de Tarifas de Ruta en el sistema de navegación aérea y cancelen el acuerdo.
Esta es una de las propuestas de resolución, a las que ha tenido acceso Europa Press, que los ‘populares’ han llevado a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y que esta comisión someterá a votación este martes.
REVISAR LA RECAUDACIÓN DE SANCIONES
El PP también reclama instar a la AESA a que revise el procedimiento de recaudación de sanciones, tras las «incidencias susceptibles de mejora» que el Tribunal de Cuentas detectaba en su ‘Informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015’.
Según el Tribunal, ENAIRE descontó ese año 1,6 millones de euros por vuelos exonerados y 147.724 euros por el déficit de las escuelas de vuelo de SENASA (Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica). Todo ello a pesar de que, según la fiscalización, el Estatuto de la AESA no recoge dichas funciones, por lo que considera que «ENAIRE no debería detraer dichos importes».
El citado acuerdo de 1995 –anterior a la creación de la AESA–, no se encuentra actualizado y, asevera el órgano fiscalizador, sus disposiciones «resultan incompatibles con la regulación contenida en la normativa comunitaria», por lo que el Tribunal recomienda a la Agencia que debería proponer su cancelación. «No se adapta a los cambios en la normativa ni tampoco a la nueva realidad» de las Agencias Estatales, subraya.
UN DESFASE DE CASI 4 MILLONES
En total, el órgano fiscalizador alertaba en su informe de un desfase acumulado entre los ingresos que debería ingresar la AESA y los que finalmente figuran en las cuentas de la agencia asciende hasta 3,85 millones.
Esta suma contabilizaba importes de servicios no incluidos, importes provisionados que el Tribunal considera sobrevalorados, infravaloración de saldos de deuda o la no inclusión de deudores por precios públicos de derechos devengados, además del importe no liquidado por ENAIRE a la Agencia.
