Cerca de un millón de euros en sanciones administrativas por mal uso de los Drones

SENADO, Madrid.- El pasado 2 de febrero del presente año el empleado público Fernando Clavijo Batlle, Senador designado por el Parlamento de
Canarias, preguntó al gobierno sobre los problemas del uso fuera de zonas permitidas y en condiciones de riesgos de los drones el uso premeditado de luces destellantes que afectan a los pilotos, principalmente con láser.

El gobierno aclara que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no propone sanciones, abre expedientes informativos que pueden acabar con la imposición de una sanción según lo establecido legalmente.

Según los datos proporcionados por el Gobierno durante el año 2019 hubo 163 incidentes producidos por Drones y en el año 2018 se registraron 114. En lo que llevamos de año (2020), solo se han registrado 6.

Con respecto a los incidentes producidos por Láser, durante el año 2019 se registraron 355 con respecto a los 382 del año 2018. En 2020 solo se han registrado 14.

El importe de la sanciones entre los años 2015-2020 relacionados con el mal uso de los drones sumo la cifra de los 979.292 € de los que se han pagado 461.637 € y en el caso de las sanciones relacionadas por el uso de luces destellantes con objeto de deslumbrar a los pilotos, fue de 33.300 € de los que se han hecho efectivo 14.884,78€.

Se han incluido los importes de las resoluciones sancionadoras recientes, que acaban de adquirir firmeza y que aún se encuentran en periodo voluntario de abono.

• Se han comprendido sanciones cuya consideración ha sido interpretada judicialmente (tanto a favor como en contra de los interesados).
• Se añaden los importes de las sanciones impuestas que no han podido ser recaudadas por insolvencia de los sancionados (acreditada por la Agencia Tributaria).
• Constan sanciones cuyo importe se ha visto reducido por el reconocimiento de culpa que conlleva un pronto pago con reducciones de hasta el 40%.
• Hay que tener en cuenta que algunas de las sanciones se encuentran en proceso de gestión de cobro como las que han sido imputadas a ciudadanos extranjeros no residentes.