La aerolínea española Plus Ultra volverá a operar de forma regular entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el aeropuerto internacional de Maiquetía a partir del próximo 3 de marzo.
Y lo hará tras la retirada de las restricciones que afectaban a las compañías españolas en Venezuela desde finales de noviembre de 2025.
La decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano de restablecer los permisos de operación abre de nuevo una de las rutas más sensibles del tráfico entre ambos países.
Así serán las frecuencias de Plus Ultra en 2026
La compañía arrancará con dos frecuencias semanales, los martes y los jueves, en una conexión que históricamente ha tenido una fuerte demanda vinculada a la comunidad venezolana residente en España y a los desplazamientos familiares y empresariales.
Según la planificación comunicada por la aerolínea, a partir del 28 de marzo se ampliará la oferta a tres vuelos por semana y se añadirá una frecuencia adicional desde Tenerife Norte, reforzando así el puente aéreo con Canarias.
Durante los meses en los que la ruta directa estuvo suspendida, la empresa asegura que siguió las indicaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para preservar la seguridad operacional y reorganizar su programación.
Parte de los pasajeros fueron derivados a otras conexiones disponibles dentro de su red, especialmente a través de su operativa en Cartagena de Indias, mientras se mantenía abierta la venta condicionada a la evolución de los permisos.
El restablecimiento de la conexión no solo tiene impacto en el tráfico de pasajeros. También supone recuperar una línea para el transporte de carga y paquetería, un segmento que ha ganado peso en los últimos años ante la volatilidad del mercado venezolano y la necesidad de canalizar mercancías de forma directa.
Desde Plus Ultra destacan que la vuelta a Caracas representa un paso relevante para normalizar su red de destinos y atender a miles de familias que dependen de estos vuelos para mantener el contacto entre ambos lados del Atlántico.
El mercado entre España y Venezuela ha estado dominado tradicionalmente por pocas operadoras, lo que ha tensionado las tarifas en determinados periodos y ha elevado el coste medio de los billetes en temporadas de alta demanda.
El anuncio se produce en un momento delicado para la imagen pública de la aerolínea, que ha estado en el centro de la atención mediática y judicial en los últimos años.
Las polémicas que ensombrecen su imagen
La controversia se remonta a marzo de 2021, cuando el Gobierno aprobó una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en plena crisis sanitaria.
El Ejecutivo defendió entonces que se trataba de preservar una compañía considerada estratégica por sus conexiones con América Latina. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por partidos de la oposición y por distintos analistas que ponían en duda el peso real de la empresa en el mercado y su situación financiera previa a la pandemia.
A partir de ese momento se sucedieron las denuncias y los recursos ante los tribunales.
Aunque una causa inicial relacionada con la concesión de la ayuda fue archivada por prescripción de plazos, la polémica continúo. Surgieron sospechas sobre el destino efectivo de los fondos recibidos y sobre si parte del dinero se habría utilizado para cancelar préstamos con sociedades vinculadas a empresarios de origen venezolano.
Las investigaciones de la Fiscalía y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han examinado transferencias realizadas tras la recepción de la ayuda pública.
La hipótesis que se analiza es si esos movimientos pudieron estar relacionados con operaciones de blanqueo de capitales. La empresa ha defendido reiteradamente la legalidad de su actuación y sostiene que el uso de los recursos se ajustó a las condiciones establecidas en el rescate.
El caso dio un nuevo giro a finales de 2025, cuando se produjeron registros en las oficinas de la aerolínea en Madrid y la detención de su presidente y su consejero delegado en el marco de una investigación judicial.
La Policía Nacional intervino documentación y equipos informáticos para analizar los flujos financieros y la trazabilidad de las operaciones. Los directivos quedaron bajo investigación mientras el procedimiento sigue su curso.
A ello se sumaron informaciones periodísticas sobre pagos efectuados a sociedades vinculadas a personas cercanas a figuras políticas relevantes. La aparición de estos contratos reavivó el debate sobre posibles conflictos de interés y sobre la transparencia de las relaciones empresariales en el contexto del rescate.
Las personas señaladas han defendido la legalidad de sus actividades y han negado cualquier influencia indebida en decisiones gubernamentales.
El impacto político, cómo no, ha sido notable. Con acalorados debates sobre el uso de fondos públicos, la supervisión de ayudas estatales y el control de empresas con capital extranjero con la figura del expresidente Zapatero como figura clave.
