Madrid, SP.- Lo del presidente de AENA , José Manuel Vargas, ex-Vocento, ex-PwC, etc… y sus juegos malavares con una emisión de bonos de 5.000 millones de euros, que pretenden para tranquilidad de los accionistas mayoritarios británicos como LCI, LLP, HSBC o PLC, tenga la cobertura de la garantía del Estado español nada menos, ha topado esta vez con la sensibilidad entorno al expolio de la red aeroportuaria de AENA, del diputado de En Comú Podem, Félix Alonso. Sobre la posición de PSOE y Ciudadanos aún estamos esperando que se retraten al respecto, algo que según lo previsto podría producirse precisamente el mismo día en que se celebre la III Junta General de Accionistas, si finalmente Vargas compareciera ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
Las maniobras para conseguir que una empresa que en poco más de dos años ha pasado de los 58€ por acción a los 160€, incrementando su deuda actual hasta un 63% en el caso de que no se cumplieran, por ejemplo, las previsiones de ingresos durante los cinco años en los que la emisión de esos 5000 millones del Estado esté en activo, es decir con cargo al contribuyente, sirvan para avalar los generosos dividendos que se les están ya entregando a los accionistas privados de la red pública de aeropuertos españoles.
El diputado Alonso señala en una pregunta parlamentaria al Gobierno que hoy viernes se presentaba, que “el típo de autorización solicitada implica un altísimo margen de autonomía no sólo del Consejo frente a la Junta, sino incluso, de las personas físicas o jurídicas en las que se pudiera delegar”. Esto significa simple y llanamente que Vargas tendría las manos libres y sin control alguno para manejar a su antojo esos 5000 millones del contribuyente español. Son los propios responsables de Fomento, continúa Alonso, los que han indicado a la prensa especializada en temas económicos que esta inyección de capital, realmente sería “deuda”, y que serviría para renegociar la deuda de la Entidad. Pero todo esto tras la autorización o luz verde para acometerse gozaría de la garantía de ENAIRE, que se convertiría de esta manera en un buen colchón de tranquilidad para esos fondos buitre que se han apostado en el 49% del accionariado de AENA. Sencillamente dicho, ENAIRE pasará a ser avalista principal de los extraños compañeros de viaje de este proceso expoliador del 49% de nuestra red aeroportuaria nacional, con parada y fonda en muchos casos en los opacos paraísos fiscales.
Alonso plantea algo que no puede dejar al lector mas que ojiplático sobre cómo Vargas intenta colársela al propio Estado. En esa Junta del 25 de abril se pretende un reparto de dividendo de 3,83€ por acción lo que supone o equivale a un aumento del dividendo respecto al anterior año de un 41%, que es una tasa superior al aumento de los beneficios de la propia Entidad explica. Pero la conclusión a la que llega es que en dos años la red pública de aeropuertos de interés general habrá repartido 981 millones de euros en dividendos. Siguiendo el razonamiento, resulta que los fondos buitre extranjero, de difusa fiscalidad evidentemente, que no aportaron ni un euro en estos dos años y pico, invirtieron en conjunto 4263 millones de euros al comprar las acciones, y ven cómo a día de hoy estas valen más de 11.000 millones, o lo que es lo mismo con un beneficio superior al 260%, pero que además se reparten el 49% de esos 981 millones en dividendos. Vamos una “operación de cine”… para el Estado, y por lo tanto para el contribuyente.
Las preguntas que lanza este diputado al Gobierno no tienen desperdicio, más aún con las serias dudas que se deslizan entorno a todo el proceso privatizador acometido por el PP, pero con la inestimable inspiración socialista de José Blanco y su»boquete» de 14.000 millones. Tampoco se ve inocencia alguna en este mejunje del presidente de AENA, puesto que evidencia negro sobre blanco cúal sería el alcance real de los peligrosos malavares de Vargas, con la complicidad del Gobierno del PP. No pierdan detalle, así como el razonamiento que hace alusión al DORA recientemente aprobado:
PREGUNTA PARLAMENTARIA DE FELIX ALONSO
Aena, SA ha convocado para el próximo 25 de abril su III Junta General de Accionistas. El punto sexto del orden del día es el siguiente: “Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo máximo de cinco años desde esta fecha, para emitir obligaciones simples o bonos y otros valores de renta fija de naturaleza análoga, hasta un máximo de cinco mil millones de euros, o su equivalencia en cualquier otra divisa, y para garantizar emisiones de dichos valores realizadas por otras sociedades de su grupo, así como constituir una sociedad con este fin”.
El tipo de autorización solicitada implica un altísimo margen de autonomía, no sólo del Consejo frente a la Junta sino incluso, en aplicación del artículo 249.bis.l de la Ley de Sociedades de Capital, de las personas físicas o jurídicas en las que éste pudiera delegar. Asimismo conlleva la cesión de amplios derechos en las decisiones de emisión, conversión, rescate y amortización de los valores puestos en los mercados, por parte de los comisarios y asambleístas de los sindicatos conformados ad hoc.
Es más, esta autorización incluiría la previsión de que “los valores que se emitan en virtud de esta delegación puedan ser admitidos a negociación en el mercado secundario que proceda, oficial o no oficial, organizado o no, nacional o extranjero”.
Responsables de Fomento han vertido a la prensa especializada que esta inyección de capital, realmente de deuda, serviría para renegociar la deuda de la Entidad, así como para poder acometer inversiones en la compra de aeropuertos en el extranjero.
La autorización que se requiere gozará, una vez más, con la garantía de ENAIRE, amparando también a los fondos buitre que son parte del accionariado (49%).
Con la privatización del 49% de Aena, y antes de su sospechosa y vertiginosa subida, el Estado puso en circulación acciones por valor de 4.235 M€, cifra sensiblemente inferior a los valores convertibles para los que se pide autorización, que pueden alca de lnzar los 5.000 M€. Desde que se conoció este hecho relevante, la acción de Aena ha subido en torno a los 20 enteros.
Esta emisión de valores queda fuera de los controles y la regulación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que el señor Ministro de Fomento presentó en su comparecencia ante la Comisión de Fomento de 18 de enero 2017. En la misma, sin embargo, expuso el señor ministro el siguiente literal:“El DORA es fundamental porque proporciona visibilidad y predictibilidad de las tarifas en los próximos cinco años, y este es un aspecto fundamental para garantizar esa estabilidad en el modelo aeroportuario, esencial para el desarrollo de los planes de negocio también de las compañías aéreas y garantía de confianza para los inversores, lo que permite que se siga atrayendo inversión, necesaria para financiar los proyectos que se deban acometer en el futuro”.
En la Junta General de Accionistas de Aena, SA convocada para el 25 de abril está prevista la aprobación de un reparto de dividendo de 3’83 € por acción, lo que equivale a un aumento del dividendo con respecto al año anterior por encima del 41%, tasa superior al aumento de los beneficios de la Entidad. Esto quiere decir que, en dos años, la red pública de aeropuertos de interés general habrá repartido un dividendo por valor de 981 M€. Si seguimos con las cifras, los fondos buitre extranjeros, que no han aportado fondos nuevos a la empresa, invirtieron 4263M€ en la compra de acciones y hoy valen más de 11100M€, un beneficio superior al 260%, repartiéndose además el 49% de esos 981 M€.
Preguntas
¿Si no existe participación en la gestión y no ha supuesto una inyección de capital nuevo a la Entidad, cuál ha sido la motivación económica razonable por parte del Gobierno para autorizar una retribución del dividendo del 50% sobre el beneficio neto de la red pública de aeropuertos de interés general, con un incremento en la retribución del mismo del 41% sobre el pasado ejercicio, superior incluso a la tasa del incremento del beneficio?
¿Por qué se hace al mismo tiempo, un incremento de la retribución a los accionistas, y se presenta una autorización para una emisión de deuda, que supondría nada menos, que aumentar el 63% de la deuda financiera actual de la Entidad, con la garantía del Estado?
¿Se ha tenido en cuenta que la emisión de deuda por valor de esta cuantía puede afectar a la calificación de la empresa matriz, ENAIRE, de cara a hacer frente a su propia deuda?
¿En qué sentido el Estado mantiene una posición de equidad con respecto a otras empresas proporcionando a TCI Advisory Services LLP o HSBC Holdings, PLC la cobertura de la garantía del Estado para la expansión de su negocio internacional?
¿En qué sentido su gobierno mantiene una posición de equidad con respecto a los ciudadanos proporcionando a estos fondos de capital riesgo la cobertura de la garantía del Estado para sus operaciones en el extranjero?
¿Cuál ha sido el beneficio bruto de los inversores BlackRock Inc y Deutsche Bank AG durante el tiempo que han mantenido una participación significativa en Aena?
¿A qué partidas fue destinado lo recaudado en la privatización de Aena SA, la red de aeropuertos de interés general?
¿A qué tasa de financiación de la deuda financiera actual pretende llegar Aena con la emisión de esta nueva deuda, si en su informe de auditoría PWC (anteriormente PriceWaterhouseCoopers) ha informado que tras las negociaciones y acuerdos llevados a cabo durante el año pasado la deuda se financiará por debajo del 1%?
¿Conocía el Ministro de Fomento el contenido del orden del día de la Junta General de Accionistas de Aena, SA a fecha de 18 de enero, la de su comparecencia ante la Comisión de Fomento del Congreso para informar sobre el DORA?
¿Esta emisión de valores durante el próximo quinquenio por valor de 5.000 M€, conocida a escasas fechas de la aprobación en Consejo de Ministros del primer quinquenio del DORA, no altera de manera sustancial los datos manejados durante la negociación del mismo? ¿En todo caso, no supone una ocultación relevante de datos que modifica su escenario a cinco años?
¿Caso de no cumplirse las previsiones de ingresos durante los próximos cinco años, el aumento de la deuda financiera hasta en un 63% de la actual no pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos de inversión fijados en el DORA?
¿En una autorización tan amplia para la emisión de valores, que incluye la delegación de determinados poderes reservados a la Junta General de Accionistas e incluso al propio Consejo de Administración en terceras personas, cuál es el control último que le queda al Estado a la hora de negociar estos valores en mercados secundarios, o no regulados, extranjeros? ¿Votaron a favor de esta autorización los consejeros designados por ENAIRE?
¿Esta emisión de valores con tan amplia autonomía, donde además hay que sumar los derechos legales de los sindicatos de tenedores de valores que se conformen, puede acabar en una encubierta operación de ampliación de capital de la sociedad que altere la actual posición mayoritaria del estado a través de ENAIRE? ¿Se compromete el señor Ministro a asegurar que esto no va a suceder? ¿Caso de que suceda, cuál va a ser la posición del actual gobierno?
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Fomento de que una parte de esta emisión de valores va a ser empleada para sufragar los gastos de la necesaria ampliación del aeropuerto de Luton? ¿Es decir, tiene constancia de que una parte de los ingresos de la red de aeropuertos de interés general y el aval de ENAIRE van a ser utilizados para la remodelación del aeropuerto londinense?
¿Cuáles serán las sociedades filiales dependientes que gozarán de la garantía de Aena para la emisión de sus propios valores? ¿Cuál será la sociedad o sociedades de nueva constitución del grupo que se conformarán para la emisión de esta deuda? ¿En qué país o países serán constituidas? ¿Cuál será su naturaleza jurídica?
¿Cuál será el sentido del voto del accionista mayoritario de Aena, el estado español (ENAIRE), en la próxima Junta General de Accionistas en cuanto a la aprobación de la cuantía del dividendo y de la autorización para «emitir obligaciones simples o bonos y otros valores de renta fija de naturaleza análoga, hasta un máximo de cinco mil millones de euros, o su equivalencia en cualquier otra divisa, y para garantizar emisiones de dichos valores realizadas por otras sociedades de su grupo, así como constituir una sociedad con este fin»?
