Más de 700 millones de registros relacionados con viajes de pasajeros acabaron disponibles para distintas agencias federales de Estados Unidos. Eso sí, la investigación abierta sobre las prácticas de privacidad de las principales aerolíneas del país termina sin multas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha dado por finalizada una revisión iniciada en 2024 y asegura no haber encontrado infracciones de las leyes aplicables ni de sus propias políticas.
La decisión evita sanciones económicas para las diez grandes compañías aéreas que estaban bajo la lupa.
El resultado ha provocado críticas entre algunos legisladores estadounidenses, que consideran insuficientes los controles existentes sobre el tratamiento y comercialización de la información generada cuando una persona compra un billete de avión.
Una base de datos con 722 millones de registros
El centro de la polémica está en Airlines Reporting Corporation (ARC), compañía que actúa como intermediaria en la distribución y liquidación de billetes entre aerolíneas y agencias de viajes.
Su actividad tiene una dimensión considerable. Cada año procesa más de 100.000 millones de dólares en ventas de billetes realizadas por agencias estadounidenses, lo que le permite manejar enormes cantidades de información vinculada a los desplazamientos de los viajeros.
ARC está participada por algunas de las principales compañías aéreas del país, entre ellas American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, JetBlue y Alaska Airlines.
La compañía llegó a comercializar el acceso a una base que contenía aproximadamente 722 millones de registros de viajes.
Entre los organismos que pudieron consultar esa información se encontraban la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Nombres, itinerarios y datos relacionados con los pagos
Los registros podían incluir nombres de pasajeros, itinerarios e incluso detalles relacionados con los pagos.
Uno de los aspectos que más inquietud ha despertado en el Congreso estadounidense es que determinadas consultas se realizaron sin necesidad de obtener previamente una orden judicial.
El senador Ron Wyden ha sido especialmente crítico con la resolución del DOT. A su juicio, disponer de políticas internas de privacidad y programas de formación no resulta suficiente para descartar problemas en el tratamiento de los datos.
También existe preocupación por la seguridad de esta información. Algunos legisladores han advertido de que las bases de datos sobre desplazamientos podrían resultar atractivas para gobiernos extranjeros u otros actores interesados en conocer los movimientos de determinadas personas.
ARC terminó cerrando su denominado Programa de Inteligencia de Viajes en noviembre de 2025, después de meses de presión procedente tanto de representantes políticos como de organizaciones dedicadas a la defensa de la privacidad.
Una investigación iniciada en 2024 que acaba sin sanciones
La revisión del Departamento de Transporte había comenzado ya en marzo de 2024, durante el mandato de Pete Buttigieg como secretario de Transporte de la Administración Biden.
Más de dos años después, el organismo ha cerrado el procedimiento sin reclamar multas a las compañías investigadas. Su conclusión es que el análisis realizado no ha permitido acreditar vulneraciones de la legislación o de las políticas departamentales aplicables.
La privacidad también llega al precio de los billetes
La utilización de datos personales por parte del sector aéreo estadounidense plantea otra cuestión: hasta qué punto pueden emplearse para determinar cuánto paga cada viajero por un vuelo.
La preocupación gira alrededor del denominado precio personalizado o de vigilancia, basado en herramientas capaces de estimar cuánto estaría dispuesto a pagar un cliente atendiendo a más variables que la ruta, el horario o la fecha del viaje.
Delta comenzó a experimentar con sistemas apoyados en inteligencia artificial a finales de 2024.
JetBlue, por su parte, se ha enfrentado a controversias judiciales relacionadas con supuestas prácticas de personalización de tarifas.
En definitiva, la cuestión es, ¿quién puede acceder a los datos generados al comprar un billete de avión y hasta dónde puede llegar su utilización?
