Aviación Digital, Sp.- El 4 de septiembre, dos días antes de que Airbus anunciara el preacuerdo que este 7 de septiembre se somete a las asambleas de la plantilla en Getafe, Sevilla, Cádiz, Albacete e Illescas, tres observadores designados por el comité de huelga acudieron al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para seguir de cerca la reunión entre la dirección de la compañía y las fuerzas sindicales. Aviación Digital ha tenido acceso al informe que esos observadores trasladaron después a la asamblea, y que reconstruye, hora por hora, lo sucedido puertas adentro.
El documento, redactado en primera persona por los propios observadores y compartido con carácter interno dentro del comité de huelga, no es un comunicado oficial de ningún sindicato. Es, según sus propios autores, un relato de «los hechos» tal y como los vivieron, con el objetivo declarado de informar a la asamblea antes de que esta tuviera que pronunciarse sobre el preacuerdo.
Una reunión que empezó separando a los sindicatos
Según el relato, la jornada arrancó a las 12:30 cuando un responsable del Ministerio reunió en una misma sala a los representantes de ÚTIL —el sindicato independiente que, junto a UGT y la CGT, forma parte del comité de huelga— y a los tres observadores. Poco después, según el documento, los abogados de Airbus informaron de que las distintas fuerzas sindicales serían conducidas a una sala conjunta con la dirección de la empresa y el titular de Industria para que este expusiera «cómo debe quedar el acuerdo».
Los observadores relatan que pidieron entonces repartirse, uno por cada sindicato del comité de huelga, para poder seguir la reunión desde dentro. Según el informe, la petición quedó sin respuesta y nadie volvió a buscarlos. Los representantes de la empresa, siempre según el documento, insistieron en que lo que iba a presentarse «no es una propuesta», que «no se va a negociar» y que se trataba únicamente de un planteamiento destinado a someterse a referéndum entre la plantilla, sin que llegara a aclararse si la entrada de cada sindicato a esa sala implicaba o no la firma del documento.
A partir de la 13:10, el relato describe que UGT y CGT fueron además separados entre sí en salas distintas, mientras que ÚTIL y los tres observadores permanecieron juntos en la sala inicial, sin ser convocados a la reunión conjunta. Cuando, media hora más tarde, la propia CGT recibió el aviso de que ya podía marcharse porque «todas las fuerzas sindicales» estaban reunidas con la empresa y el ministerio, ÚTIL y los observadores seguían, según el documento, a la espera sin haber sido llamados.
El acuerdo se anunció antes de que ÚTIL lo viera
El informe sitúa en las 14:10 el momento en que un representante de ÚTIL preguntó si había motivo para seguir esperando o si podían marcharse; la respuesta, siempre según el documento, fue que permanecieran porque el secretario de Industria acudiría a hablar con ellos. Quince minutos después, a las 14:25, la empresa difundió un comunicado anunciando el nuevo acuerdo, mientras ÚTIL y los observadores continuaban, de acuerdo con el relato, en la misma sala sin información oficial.
No fue hasta las 14:40 cuando, según el documento, una representante de la empresa y dos abogados de Airbus entraron finalmente en la sala. Ahí se comunicó a los representantes de ÚTIL que solo habían accedido a la reunión conjunta las organizaciones que ya habían aceptado previamente firmar, y que a ÚTIL se le había mantenido al margen «porque había dudas acerca de su postura». El texto del preacuerdo, señala el informe, se entregó en ese momento en papel a ÚTIL, la misma copia que ya circulaba por redes sociales desde antes de esa reunión.
«Ha tenido que ir más allá de lo autorizado»
De acuerdo con el relato de los observadores, la representante de la empresa explicó que, en el capítulo económico, el preacuerdo «cierra la recuperación de poder adquisitivo» reclamada por la plantilla, y que para alcanzarlo la dirección había tenido que ir «más allá» del mandato inicial, lo que había motivado la intervención personal del consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, para desbloquear algunos de los últimos detalles.
El informe recoge también que la representante de la empresa trasladó a los observadores, a quienes se dirigió reconociéndolos como interlocutores de la asamblea, que las condiciones económicas del preacuerdo «van a suponer discusiones» con otros directivos de la compañía, por ser, en sus palabras, mejores que las vigentes hasta ahora en otros centros del grupo, y que el acuerdo resultaba estratégico para la competitividad de Airbus España «durante las próximas décadas», en un contexto en el que citó dificultades en las plantas alemanas derivadas de decisiones tomadas en el pasado.
Los observadores respondieron, según su propio relato, trasladando que persiste «un problema de formas«: que la plantilla de Airbus España siempre ha trabajado para hacer crecer a la compañía, pero que el daño causado a la confianza durante el proceso «está hecho» y pone en riesgo el propio proyecto Fénix, el plan de transformación industrial de la compañía en España. El encuentro terminó a las 15:15, cuando, según el documento, se invitó a los observadores a abandonar el edificio por una puerta trasera.
Lo que queda por resolver
El preacuerdo alcanzado el 5 de septiembre contempla incrementos salariales ligados al IPC (Índice de Precios al Consumo) durante cuatro años, una recuperación adicional del poder adquisitivo del 7,95% repartida en ese periodo, un pago único de 2.000 euros brutos no consolidables y el mantenimiento de dos días de teletrabajo semanal, entre otras condiciones, según ha podido confirmar Aviación Digital a través de fuentes del sector. El texto no ha sido firmado formalmente por UGT, según ha declarado su propio secretario general, y CGT y ÚTIL quedaron al margen de la reunión conjunta del 4 de septiembre, de acuerdo con el relato de los observadores.
Este 7 de septiembre, la plantilla vota en asamblea en los distintos centros —Getafe, Sevilla, Cádiz, Albacete e Illescas— si mantiene la huelga indefinida iniciada el 25 de agosto o si da paso a un referéndum vinculante sobre el preacuerdo, sin que la compañía ni el Ministerio hayan concretado públicamente una fecha para esa votación final.
