La Comisión de Fomento del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley de IU e ICV con la que estas formaciones pretenden instar al Gobierno a revisar el cambio de modelo de gestión de los aeropuertos abriendo un proceso de negociación con todos los agentes institucionales, políticos y sociales implicados de cara a alcanzar un "consenso duradero entre todos".
La iniciativa, recogida por Europa Press, pretende instar al Gobierno a acordar con los "representantes legales" de los trabajadores cualquier modificación de su estatus jurídico laboral, especialmente en lo referente al establecimiento de cláusulas de garantía para el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones económicas sociales y laborales.
Los dos diputados de estas formaciones, Gaspar Llamazares (IU) y Nuria Buenaventura (ICV) presentan esta iniciativa en un momento en el que los trabajadores de AENA ya han anunciado movilizaciones para Semana Santa en contra de la privatización del sector aeroportuario.
Asimismo, exige que se garantice el mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias del Estado preservando la red aeroportuaria de AENA, y que la estructura aeroportuaria derivada del nuevo modelo de gestión disponga de los recursos necesarios para "hacer realidad un servicio público seguro y de calidad, que garantice la cohesión social y territorial".
SEGUIMIENTO DE INSPECCIÓN DE TRABAJO.
También pide un "seguimiento exhaustivo" por parte de la inspección de trabajo e incorporar condiciones laborales y sociales en las plicas de las adjudicaciones de servicios "con el fin de evitar la creación de un mercado laboral con horarios, condiciones y salarios inaceptables".
En este sentido, reclama que se asegure la gestión pública directa del servicio público "sin perjuicio de la aplicación de un plan empresarial orientado a mejorar la eficiencia" económica de un nuevo modelo de gestión. Además, para solventar el déficit "de la mayoría de aeropuertos" aboga por constituir un "fondo común" y se establezca una moratoria en la construcción de más aeródromos.
CASO CATALÁN.
En el caso de Cataluña, en desarrollo de lo contemplado en su Estatut, reclama que antes de julio se cree un consorcio para la gestión del aeropuerto del Prat, que permita el desarrollo de una estrategia propia y asociada al resto de aeropuertos catalanes.
En dicho consorcio deberá participar el Gobierno de la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y del Prat, y la Administración Central del Estado, con presencia "en su caso" de capital privado así como con la de los propios trabajadores.
"En todo caso, dicho consorcio será de carácter mayoritariamente público y en el mismo las administraciones catalanas tendrán mayoría decisoria", precisa la iniciativa.
Además, aprobar en el plazo de tres meses un Proyecto de Ley para la desclasificación como aeropuertos de interés general de los de Girona, Sabadell y Reus, de forma que durante 2011 se llevará a cabo el traspaso "realizando todas las inversiones comprometidas y necesarias por parte de AENA".
