Claudia C./ Aviación Digital, Sp.- La gestión de las torres de control aéreo en varios aeropuertos españoles se encuentra bajo una creciente presión institucional. Esta vez, no son solo los sindicatos quienes levantan la voz. Los cabildos de La Palma y Fuerteventura se han sumado a la petición formal realizada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) para que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible revoque la gestión de estas torres a la empresa privada SAERCO y restituya el control a ENAIRE, el proveedor público.
Un conflicto que trasciende lo laboral
Desde hace meses, USCA ha venido denunciando el incumplimiento sistemático de SAERCO, una de las empresas adjudicatarias de servicios de control aéreo en España. La compañía, según denuncian, ofertó por debajo del coste real del servicio en varios concursos públicos, una práctica que ha sido definida como “temeraria” incluso en medios jurídicos.
El resultado ha sido una cascada de conflictos laborales, demandas judiciales y, sobre todo, una merma preocupante en las garantías operativas de aeropuertos clave como La Palma, Fuerteventura, Sevilla, Vigo, A Coruña o Cuatro Vientos.
“Estamos ante un modelo que no garantiza ni la continuidad ni la seguridad del servicio”, indican desde USCA.
Este problema, lejos de ser aislado, afecta a nueve torres de control aéreo adjudicadas a SAERCO en el marco del proceso de liberalización iniciado hace más de una década, con la controvertida Ley 9/2010. Hoy, esa misma ley es la que se invoca para pedir que ENAIRE asuma la gestión provisional, algo que está previsto legalmente en caso de incumplimiento grave por parte del proveedor adjudicatario.
Los cabildos insulares toman posición
Lo que inicialmente fue una reclamación de carácter sindical ha encontrado eco en las instituciones locales. Tanto el Cabildo de La Palma como el de Fuerteventura han mostrado su apoyo a USCA, solicitando al Ministerio que actúe ante la declarada inviabilidad de SAERCO para garantizar el servicio.
Durante una reciente reunión en La Palma, los representantes del cabildo fueron informados de primera mano sobre el deterioro del servicio en las torres gestionadas por la empresa privada. Lo que más preocupa, aseguran, no es solo el conflicto laboral, sino la posibilidad real de que la continuidad del servicio esté en riesgo.
Y es que, en sede judicial, la propia SAERCO ha reconocido su incapacidad para cumplir con las obligaciones contractuales adquiridas con AENA, el gestor aeroportuario español. Este hecho ha sido considerado un punto de inflexión por parte de los responsables políticos insulares, quienes advierten de las posibles consecuencias operativas para islas especialmente dependientes del transporte aéreo.
La seguridad aérea como bien público: ¿hasta dónde llega la liberalización?
Desde el punto de vista de la gestión aeronáutica, el debate actual va más allá de la rentabilidad o la eficiencia. Lo que está en juego es el carácter esencial del control aéreo como parte de la seguridad del sistema de transporte.
USCA ha instado al Ministerio de Transportes, en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), a que actúe de forma urgente y suspenda cautelarmente la certificación de SAERCO como proveedor, activando los mecanismos que permitan la intervención provisional del servicio por parte de ENAIRE.
Los antecedentes no son pocos. En aeropuertos como Sevilla, Vigo o A Coruña, los trabajadores subrogados han logrado sentencias favorables que obligan a reconocer los acuerdos laborales previos, evidenciando la poca solidez del modelo actual de adjudicación.
“La gestión del espacio aéreo no puede depender de estrategias empresariales que buscan adjudicaciones a toda costa, sin capacidad real para asumirlas”, advierten desde el sindicato.
Petición con vocación nacional
La petición que hoy apoyan los cabildos insulares no es exclusiva de Canarias. Afecta también a otras comunidades autónomas que podrían verse perjudicadas por una eventual interrupción del servicio o por una merma en la calidad operativa. En ese sentido, USCA ya ha iniciado una ronda de contactos con representantes políticos de distintas regiones, con el objetivo de articular una respuesta institucional coherente y coordinada.
En este contexto, se plantea una reflexión mayor: ¿hasta qué punto es compatible la privatización de servicios críticos con la garantía del interés público?
Los Cabildos de #LaPalma @CabLaPalma y #Fuerteventura @CabildoFTV se suman a USCA en la petición al @transportesgob para revertir la #privatización de las torres de control. https://t.co/wXN4O5HuDi pic.twitter.com/udNu8331a9
— USCA CONTROLADORES🎧 (@USCAnet) August 4, 2025
Para muchos profesionales del sector, la respuesta es clara. El modelo actual requiere una revisión profunda, no solo para proteger los derechos de los trabajadores implicados, sino para asegurar la continuidad, eficiencia y seguridad del servicio.
Volver a ENAIRE: la alternativa técnica y legal
A diferencia de SAERCO, ENAIRE —el gestor público dependiente del Ministerio— cuenta con experiencia, recursos y estructura suficientes para garantizar la gestión eficaz y segura de las torres afectadas. De hecho, el marco legal vigente ya contempla esta posibilidad como medida extraordinaria, una que ahora parece más justificada que nunca.
Lo que reclaman USCA y las instituciones locales no es una vuelta atrás ideológica, sino una acción urgente basada en datos, sentencias y hechos contrastables. En palabras de uno de los controladores presentes en la reunión:
“No se trata de una guerra entre lo público y lo privado. Se trata de proteger un servicio esencial para millones de ciudadanos que confían en que, cuando despegan o aterrizan, todo funcione como debe”.
