En este sentido, la sección textil y química (Fiteqa) de Málaga propuso informar a la ejecutiva regional "de las posibles irregularidades de los fondos públicos en la Federación de Andalucía". (LIBERTAD DIGITAL)
Sin embargo, tal y como cuenta El País, la iniciativa se frenó en seco tras las amenazas de destituir a la ejecutiva malagueña y sustituirla por una gestora. Y es que los que querían realizar esta investigación propusieron dar información "sobre prejubilaciones con fondos públicos" a la Dirección General de Trabajo de la Junta.
El sindicato abrió una comisión instructora que abrió un expediente sancionador a la ejecutiva de Málaga. Finalmente, en noviembre de 2009 se cerró el caso después de que retiraran tres puntos propuestos cinco meses antes y que habrían destapado la práctica irregular en los ERE.
Por su parte, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, ha admitido que conoció la petición de investigar el caso, pero niega que estuviera al tanto de las amenazas de expulsar a los que denunciaron las prácticas irregulares. Y es que se ha descubierto que tanto Comisiones como UGT cobraban un 1% de los ERE fraudulentos llevados a cabo en Andalucía.
