Aviacion Digital, E.G.P, Sp.- El juicio al conocido como el «Cártel del Fuego», que involucra a 38 acusados, entre ellos el exdelegado y servidor público del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano, ha culminado con un acuerdo con la Fiscalía que ha permitido a los implicados evitar la prisión.
Los acusados han admitido su responsabilidad en el amaño de contratos públicos relacionados con la extinción de incendios, para evitar una posible entrada en la cárcel en el caso de que el juicio se hubiera celebrado. Esta resolución, sin embargo, deja abiertas preguntas fundamentales sobre la justicia y la equidad en nuestro Estado de Derecho.
A pesar de la gravedad de los hechos que se investigaban —sobornos y adjudicaciones irregulares de contratos públicos a cambio de regalos de lujo—, este acuerdo permite a los presuntos responsables eludir la prisión. La admisión de los hechos, lo que implica que reconocen su culpabilidad, no eliminan la sensación de que, una vez más, políticos o personas con suficientes recursos económicos pueden negociar su salida del proceso judicial de forma favorable.
¿Es equitativo el sistema judicial?
Este pacto plantea serias dudas sobre la igualdad en la aplicación de la justicia en España. Mientras los ciudadanos sin recursos económicos a menudo no tienen otra opción que enfrentarse a largas penas de prisión por delitos menores, los implicados en grandes tramas de corrupción —como el Cártel del Fuego— logran acuerdos que les permiten evitar condenas más duras.
La corrupción, y más aún cuando implica a la administración pública (Serafín Castellano fue el exconseller de la Generalitat y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana), no solo es un delito económico, sino un ataque directo a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En este caso, la trama de amaño de contratos en un área tan sensible como la extinción de incendios forestales, financiada con dinero público, es un claro ejemplo de la fragilidad del sistema de contratación pública. Sin embargo, al cerrarse el caso con un pacto, se niega a la ciudadanía la posibilidad de saber exactamente qué ocurrió y cómo se gestionaron los recursos públicos, o si son realmente son inocentes. De esto se trataba la Justicia ¿no?
¿Transparencia o impunidad?
El caso del presunto Cártel del Fuego también deja otra preocupación: la falta de transparencia en los acuerdos que impiden que el proceso judicial llegue a juicio completo. Al aceptar este pacto (lo que es lo mismo, aceptan su culpabilidad), los acusados han evitado una sentencia definitiva que podría haberles llevado a la cárcel. En lugar de ofrecer una sentencia clara, el acuerdo genera incertidumbre sobre si estas personas realmente son culpables o si simplemente han optado por aceptar el pacto como un mal menor frente al riesgo de una condena mayor.
Este tipo de resoluciones deja a los ciudadanos con más dudas que respuestas. Al no celebrarse un juicio completo, se nos ha negado el derecho a saber si los acusados eran realmente culpables de los hechos o si, al aceptar este acuerdo, han preferido evitar la incertidumbre de una sentencia que podría haber supuesto penas de cárcel. La justicia, al no ser plenamente transparente, deja en el aire la cuestión de si ha sido realmente impartida.
Y también ¿qué dice de todos nosotros que el mayor caso de corrupción (conocido) dentro de este sector de trabajos aéreos se salve de esta infame manera y todo ello pase delante de nosotros sin pena, gloria ni mero comentario?.