Santa Cruz de Tenerife, SP, 30 de diciembre de 2014.- El transporte aéreo se ha convertido en una necesidad incuestionable y en un derecho básico para la humanidad, pues un siglo atrás jamás se habría planteado viajar de un continente a otro en pocas horas. Hasta se ha adaptado el término «conectividad aérea» como neologismo para indicar la capacidad de conexión entre puntos geográficos por medio del avión. Pero todo progreso basado en avances tecnológicos suele tener la prosaica contrapartida de intereses especulativos que casi siempre benefician a unos pocos, hábiles negociantes, en perjuicio de los usuarios, que deben pagar por el exceso de necesidad que les ha creado el nuevo producto. La ultraperiferia y condición archipielágica de Canarias nos hace ciudadanos más vulnerables que el resto por no disponer de alternativa por carretera o ferrocarril. Discriminación que, sin medios compensatorios adecuados, nos convierte en españoles de segunda.
Por fortuna, se van alzando voces autorizadas para contrarrestar la resignación colectiva que suele invadirnos ante los abusos de poder. Recientes artículos como «El maltrato de Iberia» o «Canarios con las alas recortadas» informan con pulcritud y veracidad. Ambos trabajos apuntan en este mismo sentido, pero con matices que conviene compartir para localizar las responsabilidades de una gestión mediocre que daña intereses canarios.
En el primero, D. Santiago Negrín traslada un informe demoledor sobre graves deficiencias de transporte de mercancías de Madrid a Canarias. Iberia no parece tener capacidad para asumir este servicio, según testimonio vertido en el artículo. Inaceptable y vergonzosa situación. Pero debemos retroceder unos años atrás, cuando sin oposición de nuestras autoridades, y por intereses meramente economicistas, Iberia fue cancelando sus rutas al archipiélago sustituyéndose por frecuencias de bajo coste. Empezó con el TFN-BCN que traspasó a Vueling. (Gran despropósito al comprar el billete en Iberia o en Vueling. El precio era doble uno de otro, pero el servicio en ambos casos era «low cost» en el mismo avión). El resto se completó con la desaparición total de Iberia en las islas para ser operadas todas las rutas por la filial, bajo coste, Iberia Express. Proceso desarrollado ante la pasividad de las autoridades locales.
No repercute en suavizar los precios, mantenidos como si siguiera la compañía matriz, pero se resiente la calidad del servicio, por ejemplo con la carga de mercancías, pues al suprimir los Airbus-340 por los más pequeños, A-320, la capacidad de las bodegas se reduce significativamente. Además se limita el MTOW (peso máximo al despegue) con motivo de las tasas aeroportuarias, cuya tarifa contratada obliga a no pasar ni un kilo del permitido en la hoja de carga (estricto documento oficial). La reducción para ajustar el peso afecta a la cantidad de combustible, mercancía en bodegas, maletas, equipaje de mano y número de pasajeros entre otros. Por lo que no es extraño ver cuatro o cinco asientos vacíos aunque haya habido «overbooking»… Cuánto más prescindible será mercancía no perecedera.
Son las esclavitudes del «low cost», donde la prioridad son economía y reducción de costes. Las compañías privadas, por principio, van a lo suyo. Por lo tanto, nuestros representantes políticos deben protegernos de abusos especulativos. La OSP, Obligación de Servicio Público, no consiste solo en reducción de precios a residentes y subvenciones con dinero público para aerolíneas, extranjeras o no, para que sus accionistas obtengan beneficios a nuestra costa.
La Directora General de Transportes del Gobierno Canarias, Ilma. Sra. doña Rosa Dávila Mamely, algo debiera explicar a la opinión pública sobre el verdadero significado de la OSP, e intentar justificar el actual desastre de nuestra conectividad y sus escandalosos precios. Lleva años suficientes en el cargo.
En la Parte II comentaremos, en la misma onda, el magnífico artículo de D. Jorge Bethencourt.
*Excomandante de Iberia
bonzoc@hotmail.com
