Aviación Digital, Sp.- La creciente dependencia de satélites civiles, comerciales y militares está convirtiendo la seguridad orbital en uno de los asuntos más complejos del control de armamentos. Irán y la Unión Europea coincidieron el 20 de agosto en Ginebra en reclamar medidas para evitar una carrera armamentista en el espacio exterior, aunque defendieron estrategias distintas sobre cómo construir ese marco internacional.
Ginebra reactiva el debate sobre la seguridad del espacio exterior
La Conferencia de Desarme (CD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró el 20 de agosto una sesión centrada en la Prevención de una Carrera Armamentista en el Espacio Exterior (PAROS, por sus siglas en inglés). La reunión reunió posiciones que comparten el diagnóstico sobre el aumento de los riesgos espaciales, pero que siguen separadas en cuanto a la herramienta jurídica que debería utilizarse para afrontarlos.
La Conferencia de Desarme, formada por 65 Estados miembros, es el único foro multilateral de negociación sobre desarme de la comunidad internacional y tiene PAROS entre los asuntos permanentes de su agenda.
La Unión Europea (UE) confirmó en su declaración oficial que considera el espacio exterior un bien común global y que prevenir una carrera armamentista, así como una escalada incontrolada que transforme el entorno orbital en un área de conflicto, es esencial para garantizar su utilización a largo plazo.
La posición europea no descarta nuevos tratados. Bruselas sostiene, sin embargo, que el objetivo de PAROS debería perseguirse mediante una combinación de instrumentos jurídicamente vinculantes y medidas no vinculantes. Ante la rápida evolución tecnológica, la UE considera que desarrollar normas, reglas y principios de comportamiento responsable constituye actualmente la opción más pragmática e inmediata.
Irán exige negociar ya un instrumento jurídicamente vinculante
El representante permanente iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, defendió una estrategia distinta. Según la información difundida por medios estatales iraníes sobre su intervención del 20 de agosto, Teherán pidió utilizar la Conferencia de Desarme para iniciar sin demora negociaciones sobre un instrumento internacional integral, no discriminatorio y jurídicamente vinculante destinado a prevenir una carrera armamentista espacial.
Bahreini vinculó el riesgo de escalada con el desarrollo de capacidades militares espaciales, la creación de fuerzas específicamente dedicadas a este dominio y la consideración del espacio como escenario potencial de operaciones militares.
La referencia debe situarse además dentro de una línea diplomática iraní mantenida durante las últimas sesiones de PAROS. El 8 de julio, otro representante iraní señaló expresamente programas como Golden Dome, la creación de fuerzas espaciales militares y el empleo de sistemas comerciales como factores que, según Teherán, pueden alterar los cálculos de seguridad de otros Estados y generar capacidades de respuesta.
En aquella intervención, Irán también defendió como posible base negociadora el proyecto de Tratado sobre la Prevención del Emplazamiento de Armas en el Espacio Exterior y de la Amenaza o el Uso de la Fuerza contra Objetos Espaciales (PPWT, por sus siglas en inglés), presentado por Rusia y China en 2008 y actualizado en 2014.
El PPWT continúa siendo objeto de divergencias entre las principales potencias. Entre las objeciones formuladas históricamente al texto figuran cuestiones relacionadas con su alcance y con la ausencia de un régimen integral de verificación. Estas críticas forman parte de posiciones nacionales —particularmente estadounidenses— y no constituyen una conclusión consensuada de Naciones Unidas.
Satélites comerciales y sistemas de doble uso entran en el debate
Uno de los elementos técnicamente más relevantes de la intervención iraní fue la inclusión de la infraestructura terrestre y de los operadores comerciales dentro del debate sobre seguridad espacial.
Bahreini advirtió contra la utilización de constelaciones de satélites, sistemas comerciales y servicios de comunicaciones espaciales para apoyar actuaciones hostiles contra terceros países. Según la posición iraní, la naturaleza comercial de un operador no debería eximir al Estado responsable de supervisar actividades que puedan prestar apoyo a operaciones militares.
La cuestión refleja un problema creciente para el derecho y la seguridad espaciales: muchas capacidades orbitales son de doble uso. Un satélite destinado a comunicaciones, observación terrestre o navegación puede prestar simultáneamente servicios civiles, gubernamentales y militares.
Esta ambigüedad complica tanto la definición de una eventual “arma espacial” como la evaluación del comportamiento de una nave, especialmente en operaciones de aproximación y proximidad orbital.
Precisamente la UE destacó en su declaración las denominadas operaciones de rendezvous y proximidad. Bruselas considera que estas maniobras pueden ser percibidas como amenazantes cuando afectan al sistema espacial de otro Estado y su intención no ha sido comunicada adecuadamente. También citó como amenazas potencialmente irresponsables los ciberataques, las interferencias electromagnéticas, el jamming y determinadas armas de energía dirigida cuando ponen en riesgo personas, bienes o servicios.
Las pruebas antisatélite, prioridad inmediata para la Unión Europea
La UE identificó las pruebas destructivas de misiles antisatélite de ascenso directo como una de las amenazas más urgentes.
Estas armas antisatélite (ASAT) pueden destruir físicamente un satélite mediante un interceptor lanzado desde tierra. Además de la pérdida del objetivo, una prueba cinética puede generar numerosos fragmentos de basura espacial de larga permanencia, con riesgo para otros operadores y para la seguridad de las órbitas utilizadas por misiones civiles y militares.
La declaración europea señaló que 38 Estados miembros de la ONU, incluidos todos los integrantes de la UE, habían asumido compromisos nacionales para no efectuar pruebas destructivas de misiles ASAT de ascenso directo, en línea con la Resolución 77/41 de la Asamblea General. Bruselas pidió que más países se sumen a esta práctica.
El enfoque europeo se apoya también en medidas de transparencia y fomento de la confianza, intercambio de información sobre programas de lanzamiento y notificaciones previas. Para la UE, estas herramientas pueden reducir errores de interpretación y disminuir la posibilidad de que una actividad técnicamente legítima sea interpretada como preparación para un ataque.
Dos estrategias para un mismo problema regulatorio
La divergencia entre Teherán y Bruselas no está tanto en el objetivo declarado de prevenir una carrera armamentista como en el orden de los pasos necesarios para alcanzarlo.
Irán considera insuficiente depender principalmente de compromisos voluntarios y reclama obligaciones jurídicas capaces de prohibir determinadas capacidades o conductas. La UE sostiene que un futuro instrumento vinculante debe ser efectivo y verificable, pero defiende que las normas de comportamiento pueden desarrollarse antes y complementar, en lugar de bloquear, una negociación jurídica posterior.
Para los operadores espaciales, esta diferencia tiene consecuencias prácticas. Un marco basado en comportamiento puede centrarse en acciones observables —aproximaciones no notificadas, interferencias, destrucción deliberada de objetos espaciales o determinadas pruebas ASAT— sin tener que resolver inmediatamente qué plataforma debe ser jurídicamente clasificada como “arma”.
Un tratado tradicional, en cambio, requeriría definir con suficiente precisión su ámbito de aplicación, obligaciones, posibles prohibiciones y mecanismos de verificación. El carácter de doble uso de numerosos satélites, vehículos de servicio orbital, sistemas de inspección y tecnologías de proximidad convierte esa arquitectura jurídica en un desafío particularmente complejo.
PAROS seguirá negociándose hasta 2028
El debate no termina con la reunión del 20 de agosto. El Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG, por sus siglas en inglés) sobre PAROS dispone de un calendario indicativo de trabajo para el periodo 2025-2028, durante el que los Estados continuarán examinando tanto medidas jurídicamente vinculantes como propuestas de carácter voluntario.
La UE ha confirmado que continuará participando activamente en ese proceso y ha reclamado un formato inclusivo en el que intervengan, además de los gobiernos, organizaciones internacionales, compañías comerciales, sociedad civil y comunidad académica.
El resultado de estos procesos determinará si la gobernanza internacional de la seguridad espacial avanza primero mediante “reglas de circulación” y compromisos de comportamiento o si los Estados consiguen superar décadas de desacuerdo para negociar nuevas prohibiciones jurídicamente vinculantes.
