18/07/2011.- AENA declara el cierre patronal del espacio aéreo del centro de control de Madrid antes de las cinco y media de la tarde, hora local, estando abiertos 14 sectores de ruta y 7 de aproximación, que es una configuración habitual para la demanda diaria de tráfico. Con el 95% de la plantilla disponible, decreta una capacidad de cero que va extendiendo paulatinamente a los distintos centros de control y aeropuertos de España". (Susana Burgos/INTERECONOMÍA)
LA GACETA ha tenido acceso a la declaración jurada ante notario que prestó Fernando Martín Felipe, jefe de Sala del Centro de Control de Madrid-Torrejón, el 3 de diciembre de 2010.
La defensa de los 16 controladores que declararán esta semana en calidad de imputados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por el caos aéreo del último puente de la Inmaculada lo considera "un testimonio crucial" para demostrar que el Gobierno tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo tres horas antes de que empezaran a registrarse los primeros problemas.
Así lo corroboran también los informes que llegaron aquel viernes de infausto recuerdo a la CFMU, la Oficina de Eurocontrol con sede en Bruselas encargada de gestionar para toda Europa la afluencia y monitorización del tráfico de aviones en tiempo real.
Y continúa la declaración jurada de Martín Felipe: "El cierre patronal fue precedido de una reducción del 35% de la capacidad, cuando sólo un controlador había entregado el formulario previsto en el artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea". El mismo jefe de Sala asegura que ya por la mañana todo estaba preparado para que el mayor número posible de controladores rubricara el documento, que es la clave de la versión oficial del Ministerio de Fomento.
Luego, por eso de que las casualidades existen, a las tres y siete minutos de la tarde, como publicó en exclusiva este diario el 15 de diciembre, se produjo un incidente de clase A -cuando el riesgo de colisión es muy elevado- entre un avión A-320 de Iberia y un helicóptero EC35, lo que terminó de precipitar los acontecimientos: "Aquello nos hizo caer en un estado de ansiedad que mermaba notablemente nuestra capacidad para poder seguir trabajando como si tal cosa", cuenta a LA GACETA un controlador que ha sido llamado a declarar por la juez que instruye el caso a mediados de septiembre.
Las compañías
Otra de las pruebas que presentarán los abogados de la defensa con el objetivo de demostrar que el cierre del espacio aéreo -para proceder después a la militarización de los aeropuertos y a decretar el estado de alarma- respondió a un plan perfectamente calculado, tiene que ver con las aerolíneas. "Las que cancelaron fueron las españolas, ya que, durante la tarde del sábado 4 de diciembre, las extranjeras estuvieron volando con casi total normalidad. Esto redunda en la complicidad de las principales compañías nacionales con el Gobierno para causar el mayor daño posible a los ciudadanos y así poder actuar contra los controladores".
Los militares
Algunos medios de comunicación también publicaron en su momento que los militares de Torrejón fueron avisados el viernes por la mañana de que se preveía una crisis que estalló horas más tarde. "No pueden alegar, por lo tanto, que el espacio aéreo se cerró con tanta premura a raíz de las bajas registradas por la tarde", concluyen los miembros del colectivo consultados por este periódico. "La consecuencia es que ahora tenemos a más de 400 expedientados por unos hechos que causó el propio Gobierno. Van a hacer el ERE perfecto; no sólo se van a deshacer de trabajadores caros como somos los controladores, sino que nos van a despedir y a quitarnos lo que nos han pagado durante años". La Justicia les dará o quitará la razón.
