Aviación Digital, Sp.- El Boletín Oficial del Estado publicó el 4 de marzo de 2026 el Real Decreto 175/2026, que traspasa a las Vascongadas la prestación, dirección, coordinación y planificación del salvamento marítimo en las aguas interiores y maritimas. A nueve días de su entrada en vigor, exdirectivos del sector y asociaciones náuticas advierten de un riesgo que no es nuevo para quienes siguen la gestión de emergencias en España: la coexistencia de mandos operativos distintos sobre un mismo espacio.
Qué cambia exactamente el 1 de octubre
El decreto se ampara en dos títulos competenciales de la Constitución: el artículo 149.1.20ª (marina mercante, competencia exclusiva del Estado) y el 149.1.29ª (seguridad pública), junto con el artículo 12.10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 264.5 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que habilita a las comunidades autónomas a ejecutar el servicio de búsqueda y salvamento.
El Pais Vasco, asumen la dirección, coordinación y planificación operativa las aguas, además de formación, tasas y potestad sancionadora. La transferencia económica asociada ronda los 6,3 millones de euros. Es importante matizar lo que no cambia: SASEMAR no desaparece del litoral vasco, y no se traspasan buques de la sociedad estatal ni personal de su plantilla. El País Vasco se subrogan en el convenio que SASEMAR mantiene con Cruz Roja para siete embarcaciones de salvamento ya operativas en la zona.
¿Es realmente una competencia exclusiva del Estado?
La lectura jurídica de partida es correcta solo en parte. La titularidad de la competencia, legislación, representación internacional, aprobación de los planes nacionales, sistemas de control de tráfico marítimo, sigue siendo del Estado. Lo que se descentraliza es la ejecución, una figura ya empleada con Cataluña, Canarias, Baleares y Galicia, que cuentan desde hace años con medios propios de salvamento costero. La novedad del Pais Vasco es que, a diferencia de esos casos, asumen formalmente la dirección operativa, no solo un papel auxiliar.
El decreto encuadra expresamente el traspaso «en el marco establecido por el Estado y el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979» (Convenio SAR), y reserva a la Administración General del Estado la negociación internacional y la coordinación cuando estén en juego intereses nacionales. Sobre el papel, España mantiene un único interlocutor ante la Organización Marítima Internacional.
El precedente que sí conoce la aviación: los medios aéreos contraincendios
El paralelismo con la extinción aérea de incendios, donde conviven los medios estatales, coordinados desde el Ministerio para la Transición Ecológica, y las flotas propias de las 17 comunidades autónomas, no es casual. Ese reparto competencial lleva años generando un debate recurrente sobre quién asume el mando único en una emergencia que no entiende de fronteras administrativas, precisamente el argumento que ahora se traslada al ámbito marítimo.
Los críticos: «dos Salvamentos Marítimos» en el litoral vasco
En un artículo de opinión publicado en defensa.com, Fernando Novoa, exdirector técnico del Servizo de Gardacostas de Galicia, sostiene que la dirección de las emergencias marítimas «debería ser única» y advierte de que el nuevo modelo puede generar, en la práctica, dos servicios de salvamento marítimo en el litoral vasco: uno para dentro de aguas territoriales y otro para fuera. Su pronóstico es de «disfunciones operativas, retrasos, incremento de gastos y discusiones competenciales», sin que exista, a su juicio, una razón operativa objetiva que justifique la división, dado el historial de SASEMAR.
Juan Díaz Cano, presidente de la Real Liga Naval, se ha sumado a las críticas alertando del riesgo de fragmentar la gestión del salvamento marítimo. La pregunta que ambos dejan sin responder, y que solo resolverá la práctica, es la que plantea Novoa: cuando intervienen medios de distintas administraciones en un mismo rescate, ¿quién tiene la última palabra?
El contraste con Galicia
Frente al modelo de las Vascongadas, Galicia mantiene desde hace años su propio Servizo de Gardacostas, dependiente de la Xunta, con casi 300 trabajadores en ocho unidades operativas costeras. La diferencia de fondo es que el Guardacostas gallego convive con SASEMAR y desarrolla protocolos conjuntos, hubo una reunión en abril de 2026 para reforzarlos, en lugar de asumir la dirección operativa de las emergencias, que es precisamente el salto cualitativo que da ahora el País Vasco.
Conviene señalar, además, que la tensión sobre el modelo de gestión de Salvamento Marítimo no es nueva: ya en 2018, sindicatos del sector denunciaron públicamente la implantación de un mando único de coordinación liderado por la Guardia Civil y advirtieron de un posible desmantelamiento progresivo del servicio civil, en un contexto de precariedad laboral que entonces afectaba a una parte relevante de la plantilla. El debate actual llega, por tanto, sobre un servicio que arrastra desde hace años discusiones sobre su gobernanza.
Queda por ver si el Plan Vasco de Salvamento Marítimo, aún pendiente de conocerse en detalle, logrará blindar esa coordinación con SASEMAR antes de que la primera emergencia real ponga a prueba el nuevo reparto de mando. ¿Aprenderá el ámbito marítimo de los problemas de coordinación que arrastra desde hace años la lucha aérea contra incendios, o los repetirá?
