Aviacion Digital, Sp.- La gestión de las personas que pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha desatado una fuerte controversia entre el Ayuntamiento de Madrid y AENA, entidad gestora del recinto. Mientras el consistorio madrileño expresa su «sorpresa y desacuerdo» ante la decisión unilateral de expulsar a estas personas, trabajadores del aeropuerto denuncian un aumento de la inseguridad, con incidentes de robos, acosos y la presencia de mafias ilegales que comprometen la imagen internacional de la capital española.
Críticas del Ayuntamiento a la medida «cruel» de AENA
El Ayuntamiento de Madrid ha emitido un comunicado oficial manifestando su rechazo a la expulsión inmediata anunciada por AENA, calificada como una acción «cruel y sin un ápice de empatía y humanidad«. Según el documento, esta decisión no fue comunicada ni consensuada en las reuniones técnicas semanales que involucran a representantes de AENA, el aeropuerto, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.
El consistorio recuerda que, en una reunión celebrada el 22 de mayo entre el alcalde de Madrid y el presidente de AENA, se asumieron compromisos mutuos. El Ayuntamiento ha cumplido con los suyos: reforzando los Equipos de Calle para atención social, participando en todas las mesas técnicas y abriendo un dispositivo de emergencia con 150 plazas para alojamiento e intervención social destinadas a personas vinculadas a la ciudad.
Sin embargo, AENA no ha realizado el censo prometido de las personas que pernoctan en el aeropuerto, un paso esencial para ofrecer soluciones individualizadas. «La decisión de desalojar aboca necesariamente a que el censo no pueda elaborarse«, afirma el comunicado, acusando a AENA de incumplir el acuerdo y dificultar la localización y atención de estas personas. Además, se critica al Gobierno de España por desentenderse de competencias en materia de sinhogarismo, según la Estrategia Nacional 2023-2030.
Ante esta «falta de lealtad institucional«, el Ayuntamiento anuncia que no acudirá más a las mesas técnicas mientras persista esta actitud, aunque mantiene su compromiso con la atención social como prioridad.
Denuncias de inseguridad por parte de trabajadores del aeropuerto
Paralelamente, un reportaje emitido en Telemadrid ha recogido testimonios de empleados que alertan sobre el deterioro de la seguridad en Barajas. Trabajadores de empresas concesionarias describen un ambiente de «jungla» donde mafias ilegales operan con impunidad, afectando tanto a pasajeros como a personal.
Entre los incidentes destacados, se menciona un robo y acoso ocurrido a las 2:40 de la madrugada del pasado viernes en la Terminal 1, donde una persona sin hogar de origen ruso agredió a dos empleadas de una cafetería, colándose incluso en las cocinas. A pesar de llamar a emergencias, no hubo respuesta inmediata, ya que la comisaría más cercana está en la Terminal 4.
Los empleados denuncian la proliferación de actividades ilegales, como plastificadores no autorizados que pueden ganar hasta 5.000 euros mensuales en negro, superando con creces los salarios legales de 1.200 euros. «Tenemos peleas diarias«, afirma Abdul, un trabajador con siete años de experiencia, quien acusa a estos grupos de hostigar a pasajeros y coaccionar a competidores legales.
Otras infracciones incluyen la venta ilegal de tarjetas SIM con datos «ilimitados» inexistentes, generando pérdidas millonarias para las concesionarias oficiales. «Nos quitan los clientes con insultos y amenazas, nos han dicho hasta de qué nos vamos a morir«, relatan los afectados. Además, se señalan problemas con personas sin techo que presentan graves patologías mentales, exacerbando la inseguridad, especialmente en zonas oscuras como la exterior de la T1.
Estos testimonios subrayan que la delincuencia no se limita a una terminal, sino que «se muda» a otras, comprometiendo la seguridad general y proyectando una «mala imagen» para los viajeros internacionales que aterrizan en Madrid.
Un problema multifacético que exige coordinación
La situación en Barajas revela un conflicto entre la necesidad de garantizar la seguridad y la imagen del aeropuerto, y la obligación de proporcionar atención digna a personas en situación de vulnerabilidad. Mientras el Ayuntamiento insiste en soluciones sociales y critica la unilateralidad del Gobierno central, las denuncias de los trabajadores destacan los riesgos cotidianos que afectan al funcionamiento del recinto.
Expertos en sinhogarismo y seguridad aeroportuaria coinciden en que un enfoque coordinado, con censos precisos y refuerzo policial, es esencial para resolver esta crisis sin vulnerar derechos humanos. Por ahora, la tensión entre instituciones persiste, dejando en el aire el futuro de las personas afectadas y la percepción de Madrid como puerta de entrada a España.
