29/07/2011.- La incompetencia de las Administraciones y la falta de conocimientos técnicos básicos sobre aviación vuelven a hacer aparición, esta vez en forma de edificio. La construcción de la Torre Pelli vulnera las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Sevilla y aún así ya se está construyendo. (M. J. Pereira/ ABC)
Ante este escándalo AESA ha decidido intervenir para paliar los efectos de la ignorancia o bien de la codicia de aquellos que han autorizado unas licencias de construcción totalmente ilegales. La edición sevillana del periódico nacional ABC publica las negligencias que se están llevando a cabo en esta operación.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha decidido que sancionará a la Torre Pelli si en el plazo de dos meses no solicita autorización para la construcción del rascacielos y la instalación de las grúas-torres necesarias para levantarlo, que superarán los 195,5 y los 216 metros de altura, respectivamente. El rascacielos, que ya tiene varias plantas en pie, afectaría a las maniobras de aproximación al aeropuerto, según un informe elaborado por el propio Ministerio de Fomento, ministerio que en 2009 recortó la altura de varias torres previstas en el PGOU de Málaga porque vulneraban la seguridad de las operaciones de vuelo del aeropuerto malagueño.
El expediente sancionador a la constructora Puerto Triana, una sociedad anónima participada por Banca Cívica —en la que se ha integrado Cajasol—, fue abierto en 2010 a raíz de la denuncia presentada en 2009 por Fernando Mendoza, portavoz de la plataforma contraria a ese rascacielos. Fuentes del Ministerio de Fomento indicaron que el expediente sancionador a Puerto Triana por presunta vulneración de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Sevilla y de la legislación aeronáutica no se ha resuelto aún porque la empresa no ha presentado aún la solicitud de autorización «pese a que se le ha requerido formalmente».
La actitud de Puerto Triana ha irritado a la Agencia de Seguridad Aérea, que finalmente anunció ayer que si no presenta formalmente la solicitud de autorización, «en dos meses habrá resolución». Si presenta la autorización —advierte AESA— estudiará su petición y puede imponer medidas para mitigar el efecto en las servidumbres o condiciones técnicas para que cambien algunos aspectos de la obra.
Entre las medidas para mitigar el efecto del rascacielos en las servidumbres figuran la reducción de altura de la torre. Como se recordará, el Ministerio de Fomento decidió en 2009 que las torres previstas en el PGOU de Málaga en la zona de La Térmica, San Rafael y Repsol, no podrían superar determinada altura, por lo que recortó su altura en hasta 15 plantas para garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo del aeropuerto y su ampliación.
En el caso de Sevilla, el arquitecto Fernando Mendoza advirtió a la Agencia Estatal del Seguridad Aérea que no tuvo ningún informe previo del rascacielos de Banca Cívica porque «fue ocultado cuidadosamente en la tramitación del Plan General, colocando una mancha sobre la parcela, dejando la altura indefinida y haciendo aparecer la torre en su brutal dimensión con un simple Plan Especial».
Las licencias que el Ayuntamiento concedió a Puerto Triana para el movimiento de tierras de la parcela y la construcción del rascacielos han sido denunciadas por la plataforma que lidera Fernando Mendoza en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 14 de Sevilla.
En 2010, la Gerencia de Urbanismo presentó en ese juzgado un incidente previo de inadmisibilidad de la citada demanda. Con la llegada del PP a la Alcaldía, la plataforma Túmbala se reunió la pasada semana con Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo, para pedirle que retire ese incidente que tiene bloqueada la demanda. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando esa posibilidad, si bien aún no han adoptado ninguna decisión, según indicaron fuentes municipales.
Autorización «excepcional»
Analizadas las posibles afecciones que podrían causar en la navegación aérea el rascacielos de 195 metros y la grúa-torre de 216 metros de altura que Banca Cívica construye en la isla de la Cartuja, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) concluyó que «de realizarse la construcción de esta edificación con la altura anteriormente referida, así como la instalación de las grúas-torre, se vulnerarían distintas superficies limitadores de altura asociadas a maniobras de aproximación al aeropuerto». Aún existiendo esas afecciones, AESA dijo que el rascacielos y las grúas-torres podrían finalmente autorizarse «si se aportase un estudio aeronáutico firmado por técnico titulado competente».
