Aviación Digital, Sp.- El Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL) ha otorgado un contrato de 174 millones de euros a la empresa Avincis, del grupo inversor Ancala Partners, para el servicio de transporte aéreo sanitario durante cinco años. Esta adjudicación, que implica el despliegue de diez helicópteros en todas las provincias, duplica el presupuesto anterior por cada aeronave y se presenta como un impulso a la modernización del servicio. Sin embargo, el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA) califica esta decisión de «inversión pública para beneficios privados», ya que no ha traducido en avances tangibles para los profesionales ni para la ciudadanía.
El contrato, anunciado el 8 de octubre de 2025, eleva sustancialmente el gasto público en un contexto de supuesta extensión de la cobertura aérea. No obstante, el SLTA denuncia que los trabajadores, en huelga indefinida desde el 1 de julio de 2025, sufren salarios congelados durante una década, jornadas excesivas e inestabilidad laboral. «Este aumento no repercute en mejores condiciones para los profesionales del servicio», afirma el sindicato en su comunicado, subrayando que el diseño económico del acuerdo permite a Avincis obtener «elevados beneficios y bonus» sin invertir en mejoras reales.
Flota envejecida y bases deficientes: un riesgo para el servicio público
Uno de los puntos más críticos señalados por el SLTA es la ausencia de renovación en la flota de helicópteros. Con una edad media de 19 años, Castilla y León supera ampliamente la media nacional y europea en obsolescencia de aeronaves sanitarias. «Esto compromete la eficiencia, la disponibilidad y genera interrogantes sobre averías que afectarán directamente al servicio para la población«, advierte el sindicato.
La paradoja es aún mayor al comparar con regiones vecinas: los helicópteros «titulares» del SACYL provienen de Castilla-La Mancha, que los retiró hace seis años por considerarlos obsoletos, pese a pagar menos por un servicio con aeronaves más modernas. Además, las bases e instalaciones presentan «múltiples deficiencias«, como espacios inadecuados para el descanso, falta de mantenimiento y carencias en infraestructuras básicas, lo que agrava la exigencia de un trabajo de alta responsabilidad.
«El aumento de presupuesto no debe servir solo para generar beneficios empresariales. Si los profesionales están agotados y desmotivados, el servicio público se resiente y la población lo acaba pagando«, concluye el SLTA, exigiendo una supervisión activa por parte de la Junta de Castilla y León.
Llamada a la responsabilidad: priorizar el interés público sobre los privados
El sindicato urge a las instituciones a condicionar los pagos y bonificaciones del contrato al cumplimiento de estándares laborales y de seguridad, garantizando un «retorno social real» de la inversión pública. «Se destina una cantidad sin precedentes, pero ni los trabajadores ni los usuarios perciben una mejora proporcional. Es imprescindible revisar el modelo de gestión y priorizar el interés público por encima de los beneficios privados«, remata el comunicado.
Esta adjudicación llega en un momento de tensión laboral en el sector aéreo sanitario, donde la huelga de Avincis pone en jaque la operatividad del servicio. El SLTA llama a la movilización para que la voz de los trabajadores sea escuchada en la ejecución del contrato.
