Valencia, SP, 21 de enero de 2016.- Un artículo firmado por Francesc Arabí, para Levante-emv.com aparecido hoy señala que la irrupción policial, como adelantó vía twitter AD en exclusiva el pasado miércoles 13 de enero, en las instalaciones del Grupo Inaer en Mutxamel (Alicante), habría sido el detonante para que el director general de la Agencia valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Angel, terminara de reaccionar ante lo que esa operación policial indicaba indiciaria y supuestamente. A partir de ese momento, pese a que algunos medios, sobre los que las web de algún sindicato se hacían eco, e intentaban minimizar o exculpar las supuestas irregularidades al respecto, el Sr. Angel, que por cierto parece estar haciendo honor a su apellido, por su implicación, ponía a trabajar los Servicios Jurídicos de la Generalitat Valenciana para la revisión de los expedientes en vigor de dicho operador de lucha contra el fuego, urgencias (HEMS), coordinación y el helicóptero policial. La herencia recibida del PP valenciano llegaba hasta la prórroga hasta 2017, por «necesidad administrativa» en 2013, de dicha adjudicación valorada en 37,8 millones de euros. Según Levante-emv.com se adujo entonces que dicha prórroga se tuvo que realizar por los populares «al no tener tiempo de preparar los pliegos y cumplir los plazos de la nueva concesión…»
Pero la información de Levante-emv.com tiene aún mayor alcance. Esa prórroga se había producido por la práctica motivación de que dicho contrato coincidiera en su finalización con el de extinción de incendios con ala fija, que termina en el mes de febrero y alcanzará un año más.
Por otra parte la motivación de las sanciones según revela el medio levantino, serían de tres tipos: No sustitución en tiempo y forma los medios-helicópteros sobre todo-, dejando sin atender el servicio. Segundo motivo, fallo de comunicaciones, donde imaginamos que se referirá al TETRA que coordina técnico con medios terrestres (por ejemplo para afinar en las descargas de los medios aéreos), lo que podría en esos momentos haber determinado una menor eficiencia, a pesar de que disponen paralelamente, y a la escucha, de frecuencia aeronáutica… Y finalmente deficiencias en los avisos de posición vía GPS en las aeronaves, cuya incidencia en la operación se debería exhaustivamente valorar por los servicios técnicos de la Generalitat. Esa posición vía GPS se manifiesta muy necesaria para poder distribuir adecuadamente los recursos por los técnicos responsables. Si se produce un mal funcionamiento, evidentemente la eficiencia en la lucha contra el fuego queda limitada en cierta medida.
La figura del técnico de seguimiento del contrato es la que debe valorar la apertura de los expedientes sancionadores.
