Fiscalía Anticorrupción podría irrumpir en Servicios Aéreos Medicalizados en 5 Autonomías

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Madrid, SP.- Estalló definitivamente el caso destapado por AD de los aviones medicalizados “invisibles”, en la Comunidad Autónoma de Baleares. La denuncia de un particular ante Fiscalía Anticorrupción señalando las presuntas prácticas continuadas del operador Eliance, puede poner seriamente en peligro la continuidad del Servicio Aéreo Sanitario en nada menos que 5 Comunidades y Ciudades Autónomas en España.

Aunque parezca increíble este escándalo se desataba el día 7 de octubre tras un artículo publicado por este medio titulado “El caso de los aviones invisibles de la Consejería de Salud de Baleares” Este fué el detonante de lo que hasta estos días con una denuncia particular ha hecho saltar hasta la Fiscalía Anticorrupción.

Un último capítulo, además, se estaría escribiendo aún, según nos indican algunas fuentes, al estarse pormenorizadamente escrutando en Baleares el propio Pliego, y los puntos por los que fué adjudicado este contrato de más de 25 millones de euros.

La Formación impartida a los profesionales, es la que, ahora, tras más de un año de haberse adjudicado este Contrato, se está auditando. La formación recibida efectivamente y acreditada por los profesionales que intervienen en el Servicio estaría en el punto de mira por la propia Consejería de Salud balear. Algo podría no cuadrar en este sentido.

Vemos en las tablas que Habock (que actualmente reza como Eliance) resultaba primero frente a Babcock, aunque en la puntuación para el concurso luego se puntúe en 14. Lo de menos es este aspecto, puesto que la puntuación final resultó 83 a 91, y por lo tanto se adjudicó a Habock/Eliance en la UTE. Lo trascendente es la acreditación que se pueda hacer de lo ofertado como “Formación”. ¿Se ha cumplido a día de hoy lo negociado?

Cinco Autonomías en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción

Tras distintos artículos de nuestro medio varias Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas se pusieron en el punto de mira. Es el caso de Cataluña, donde tras la protesta de su competidora, se podría haber aperturado una investigación oficial, de la que aún no tenemos el fallo o resultado oficial.

Melilla, Ceuta, y tambien en Galicia donde fuentes sindicales nos han indicado que no está nada claro lo sucedido. En Galicia se podría estar valorando el concurso de 4 años por un monto de 9,1 millones por dos helicópteros. Presuntamente se cumpliría en principio y luego se sustituyen por otras, siendo, presuntamente, alquiladas a un precio más bajo. Tambien está pendiente de comprobación si durante todo el contrato existen los helicópteros de sustitución a los que hace referencia el Pliego. La Xunta, tras las protestas, y publicaciones en medios, habría sancionado a la operadora.

Esto pone en un serio riesgo los Servicios Aéreos Sanitarios en estas Comunidades y Ciudades Autónomas, en el caso de que tras la denuncia a Anticorrupción y multiplicarse en algunos de estos casos las sanciones que se pudieran derivar. Desconocemos la capacidad económica del operador para hacer frente a una avalancha millonaria en forma de sanción. En ese caso, la capacidad de ser sustituído por otros operadores saneados podría exceder las posibilidades del total de operadores aéreos en nuestro país. No pierdan de vista que Podemos en Baleares ya ha apuntado la necesidad de internacionalización de operadores…

El monto total de estos contratos supera los 50 millones de euros.

La Comunidad de Andalucía, tal y como informó AD, en noviembre del pasado año, habría declarado desierto el concurso al constatar previamente que Eliance podría carecer de IFR que se exigía en el Pliego de Condiciones.

Lo preocupante, además de la capacidad o no de sustituir a este operador, es la repercusión que pudiera en su caso tener entre los trabajadores. Esperemos que prevalezca, en su caso la subrogación de éstos, y que los puestos de trabajo no se vean afectados. Aquí es donde el Ministerio de Trabajo debe actuar con rapidez, puesto que la intranquilidad entre estos profesionales está creciendo según se van desvelando detalles al respecto.

Tipificación delicitva

Ahora, tras esta denuncia, que se ha cursado ante la Fiscalía Anticorrupción, viene la hora de determinar si ha habido o no algún ilícito penal. La presunción de inocencia, siempre por delante evidentemente.

Algo que llama la atención es la nula intervención previa a lo publicado por AD, y algún medio generalista tirando del hilo, de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que son las que tienen la responsabilidad de “custodiar y verificar” el estricto cumplimiento de lo adjudicado. En el caso presunto de Ceuta y Melilla, es la Administración Central, es decir el Ministerio de Sanidad, quien figura en el membrete de estos concursos. Ello puede salpicar al siguiente escalafón del Gobierno Central. En este caso Salvador Illa es el Ministro.

En la denuncia se estaría hablando de la obtención de “un beneficio económico a través de sus incumplimientos contractuales consentidos y no penalizados“, y se podría en su caso tratar presuntamente de un tipo penal de “corrupción en contratación pública” al quebrarse la imparcialidad y legalidad a costa de la “seguridad” y fiabilidad de los servicios de emergencia…

La calificación como una presunta “estafa continuada” dependerá de lo que aprecie la Fiscalía, de lo que se logre o no demostrar, de lo contratado, adjudicado y efectivamente realizado, con distintas administraciones. Se trataría en su caso, del presunto “modus operandi” de ofertar aeronaves con una antigüedad determinada, por la que resultan más puntuados que sus competidores, y una vez adjudicado y firmado el contrato, sustituir dichas aeronaves por otras que no lo cumplirían, es lo que debe probarse en el supuesto caso de ser tramitado por Fiscalía. Tambien ha de acreditarse si cumplen con el requisito de operar IFR y Multicrew. Aquí llama la atención que la palabra AESA aún no haya aparecido en los papeles… Estos dos aspectos técnicos son directa competencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Hasta el pronunciamiento de la Agencia, de forma oficial, este medio tiene por costumbre no adelantar sus impresiones sobre cuestiones relacionadas con la “safety” o “no safety” de la operación. Pero llama la atención el mutismo oficial de la Agencia. Este suele ser tambien su “modus operandi”, cuando ha sido cuestionada no ya sólo por los medios de comunicación, sino tambien por algunos sindicatos u organizaciones profesionales.

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