(AN EYE IN THE SKY Blog).- Está claro que los órganos gestores de este país tienen una capacidad sin parangón para diferir soluciones. Se les va la vida en ello. Lo malo es que le ponen tanto empeño al desarrollo de sus disfunciones que, en ocasiones, lo que se va es la vida de otros por delante. Esa es la conclusión a la que una llega tras haber visto el documental "JK5022. Una cadena de errores", fruto de la impagable labor de investigación que está llevando a cabo la Asociación de Víctimas del vuelo JK5022 bajo la coordinación de la infatigable Pilar Vera Palmés.
Es escuchar a Pilar Vera, abogada de formación, hablando de datos que escapan al común de los mortales, simplemente porque no todos tenemos la obligación de entender sobre peritajes o ingeniería aeronáutica, y pensar con impotencia e indignación en lo que uno se ve abocado a hacer cuando las autoridades competentes, en lugar de garantizar una investigación transparente, no hacen sino poner palos a la rueda para que no saquemos el agua clara, no sea que las salpicaduras pudieran provocar algunas condenas además de dimisiones.
El documental empezó a gestarse cuando el 12 de diciembre de 2011 el juez decidió cerrar la investigación de la causa dejando, en opinión de la asociación y según los datos que podía aportar merced a la investigación que la misma llevó a cabo en sede judicial, mucho por esclarecer.
La perfecta alineación de los agujeros en las lonchas del queso de Reason era algo perfectamente esperable vistos los múltiples errores, omisiones e irresponsabilidades que jalonan la cadena de decisiones que desembocaron en tragedia. Se trata de cuestiones que por norma general escapan al alcance del usuario medio, quien no tiende a preguntarse si el certificado de aeronavegabilidad del avión al que se va a subir está en regla, si los pilotos que van a operar su vuelo están en perfectas condiciones psicofísicas o si, en caso de accidente, los gestores del aeródromo están capacitados para coordinar los servicios de emergencia con rapidez y eficacia.
El avión de Spanair siniestrado el 20 de agosto de 2008 estaba a la espera de entrar ese mismo mes en parada completa por acumulación de averías diferidas pero se decidió prorrogar la licencia, que cumplía justo dos días después del accidente, sin ningún tipo de inspección previa. Revelador es el documento que se puede ver en el documental y en el que se aprecia que el certificado de prórroga se halla incompleto pues no cuenta con el sello de Aviación Civil y el inspector no aparece identificado. Para más inri, está soportado en una circular, la 1119-B, que no existía en Fomento ni Aviación Civil en el año 2008.
Otra prueba de la ineficacia que se viene mostrando en la corrección de errores latentes en el sector aeronáutico de este país la constituye la parsimonia con la que se toman la redacción del informe sobre un caso muy parecido ocurrido en el aeropuerto de Lanzarote en 2007. En aquella ocasión también falló el sensor, hubo problemas de calentamiento y los flaps no se desplegaron pero el avión logró despegar quizá porque llevaba menos peso, el nivel del mar es distinto al de Madrid y el viento de cola no estaba en los límites en los que debía operar en JK5022. Si en lugar de publicar las conclusiones en diciembre de 2009 hubiera habido más celeridad en el proceso y se hubieran adoptado las medidas correctoras pertinentes se podría haber contribuido a evitar la catástrofe acaecida un año después.
¿Ha habido algún tipo de gesto que indique que se está trabajando en la buena dirección o que hay voluntad de esclarecer los hechos para que algo así no se vuelva a producir? Teniendo en cuenta que a día de hoy la AESA y la CIAIAC siguen sin ofrecer garantías de transparencia por ser dependientes del Ministerio de Fomento y que lo único que se ha hecho para mejorar el acceso de los servicios de asistencia es construir un puente sobre el riachuelo cercano al siniestro y dejar a los bomberos en manos de empresas privadas, parece que la respuesta a la pregunta retórica es: NO.
El archivo de la causa penal en setiembre de este año, además de provocar decepción y desasosiego entre las víctimas, las deja sumidas en batallas judiciales encarnizadas contra aseguradoras para las que las vidas humanas valen menos que el coste de un avión nuevo. Sería deseable que la justicia estableciera fuertes indemnizaciones para que en el futuro esas empresas cuestionen firmemente las condiciones en que se encuentran las aeronaves que aseguran.
Visto el panorama, no es de extrañar que, previo recurso al Tribunal Constitucional, la asociación ya tenga puesta las miras en Estrasburgo a la búsqueda de una justicia que en este país parece darles la espalda. El tesón de los resilientes no les falta; ojalá que el esfuerzo no sea en vano. Por el bien de todos.
