La estupenda Agencia de noticias EFE, del Estado, esa que está en este momento en una situación "limbica", de Limbo, empresarial, y que ha hecho, y hará una labor más que digna en el futuro, a buen seguro, lanza en nota de agencia, una información más que trascendente sobre el Auto del Juzgado de Instrucción nº1 de Palma de Mallorca, en relación al cierre del Espacio Aéreo español ya hace casi un año, el 3 de diciembre de 2010. La cuestión es la responsabilidad de "El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, isla, municipio y DEMAS ENTES PUBLICOS,…, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos y culposos,…, o funcionarios públicos"
El juez de Palma que investiga lo sucedido los días 3 y 4 de diciembre del año pasado, cuando la ausencia de los controladores de sus puestos de trabajo obligó al cierre del espacio aéreo, cree que AENA podría ser responsable civil subsidiaria de los perjuicios sufridos por los viajeros.
"Posiblemente a AENA le sería de aplicación la responsabilidad civil subsidiaria prevista en el artículo 120.4 (del Código Penal) o incluso del 121", afirma el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma en un auto al que ha tenido acceso Efe.
El primero de los artículos señala que son responsables civiles "las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios".
Mientras tanto, el segundo precepto señala que "el Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos".
En este sentido, el mismo magistrado afirma que "los controladores quizás también pudiesen incardinarse como funcionarios públicos (…) al participar en el ejercicio de funciones públicas cual es el control del tráfico aéreo".
El juez añade, no obstante, que "no está probado que la decisión de cerrar el espacio aéreo debido a la falta de los mismos (los controladores) dimanara de AENA, sino del Gobierno de la Nación".
En el auto se desestima la petición del sindicato de controladores, USCA, para que los afectados por el cierre del espacio aéreo no pudieran personarse en la causa penal como perjudicados.
Además, en otra resolución a la que también ha tenido acceso Efe, el juez de Madrid que investiga los mismos hechos ha decidido admitir en la causa como perjudicados a viajeros "cuyos perjuicios no se hubieran producido en el partido judicial de Madrid".
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital razona en su auto que "es evidente la repercusión de este asunto en el ámbito nacional e incluso los problemas adyacentes que se produjeron por vuelos que, procedentes de Europa, no pudieron despegar".
"No se puede restringir la personación en estas diligencias a aterrizajes o despegues en el aeropuerto de Barajas. Ha sido este aeropuerto el que a nivel internacional comunicó el 'Rate 0' -cancelación de las operaciones- (…), y dicha decisión repercutió en un ámbito territorial que excede de la Comunidad de Madrid", añade.
A punto de cumplirse un año de los hechos, un tercer magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, ha acordado reabrir las actuaciones que se seguían allí y que habían sido archivadas, al estimar el recurso presentado por la Fiscalía.
El juez, en el auto al que ha tenido acceso Efe, ordena también remitir al Instituto de Medicina Legal los partes médicos aportados por los controladores para que informe "sobre la veracidad o falsedad de los síntomas alegados para no encontrarse en su puesto de trabajo".
El abogado de la Asociación de Demandantes Afectados por el cierre del espacio aéreo, Luis Vericat, ha asegurado a Efe que estas resoluciones "son una gran noticia para los afectados" y que "es importante que se sepa que prácticamente todos los procedimientos judiciales abiertos contra los controladores están vivos".
