El ministerio de Fomento valora el gestor aeroportuario en unos 30.000 millones de euros. Su intención pasa por constituir una sociedad denominada Aena Aeropuertos SA, antes de febrero del 2011,y desprenderse del 49%. Como la compañía tiene una deuda superior a los 12.000 millones, obtendría por este paquete unos 8.820 millones. La fórmula está sin decidir, pero se barajan tres opciones. Salida a bolsa, entrada de socios financieros y entrada de socios industriales. También podrían combinarse los tres métodos.
Una vez constituida la citada sociedad y con nuevos accionistas, se abre la puerta a que el aeropuerto de El Prat en Barcelona y Barajas en Madrid se gestionen a través del sistema concesional. Esto significa que se harán licitaciones públicas y pagarán un cánon las adjudicatarias. En definitiva, que empresas privadas se ocuparán de la gestión.
Estos gestores aeroportuarios, tipo Abertis o Ferrovial, fijarán las tarifas de todos los servicios que "no se consideren prestación pública patrimonial", como el precio de alquiler de los locales comerciales del aeródromo o los precios del parking, por ejemplo, pero no aquellos que afecten al aterrizaje o la seguridad, que seguirán siendo precios regulados.
Con el nuevo modelo, que lleva el sello de José Blanco, y que se aprobará el próximo viernes en el Consejo de Ministros, a través de un real decreto, se colma la petición de la sociedad civil catalana de "gestión privada", pero queda en el aire el futuro papel que desempeñará la Generalitat, los ayuntamientos o las entidades locales, como las cámaras de comercio. En un principio, los distintos niveles de las administraciones públicas no participan de la gestión, salvo que constituyan una sociedad junto a empresas privadas en la que participen.
Únicamente se creará un comité de coordinación por cada Comunidad Autónoma, que sí fijará temas de rutas o debatirá sobre problemas acústicos.
