Aviación Digital, Sp.- La CNMC ha dado un paso decisivo en su investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de servicios aeroportuarios para aviación general. Todo comenzó el 28 de mayo de 2024, cuando el organismo regulador realizó inspecciones en las sedes de varias compañías dedicadas a la explotación de bases fijas de operaciones (FBO). Estas acciones se centraron en indicios de acuerdos concertados para repartirse licitaciones convocadas por AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, destinadas al arrendamiento de instalaciones FBO.
Las inspecciones, que se extendieron hasta el 31 de mayo de ese año, no revelaron hallazgos iniciales detallados en la nota oficial, pero sirvieron como base para una pesquisa más profunda. El foco estaba en el sector de la aviación ejecutiva, donde los FBO proporcionan servicios en tierra como handling, mantenimiento y atención a aeronaves privadas.
Nueva Ronda de Inspecciones en Junio de 2025 Amplía el Alcance
Apenas un año después, entre el 10 y el 13 de junio de 2025, la CNMC ejecutó una segunda oleada de inspecciones en sedes de empresas del mismo sector. Esta vez, el énfasis recayó en posibles acuerdos para la gestión y explotación de instalaciones FBO, así como en el reparto de licitaciones de AENA. Aunque no se especificaron nombres de aeropuertos ni de compañías en la nota de prensa, se subrayó que estas prácticas podrían constituir infracciones muy graves, con multas de hasta el 10% del volumen de negocios de las implicadas.
Empresas Implicadas y Motivos de las Sanciones: Reparto de Mercado y Fijación de Precios
El 24 de octubre de 2025, la CNMC formalizó la apertura de un expediente sancionador (S/0014/25) contra siete empresas líderes en el sector. Las compañías afectadas son: Air Taxis Handling, S.L.; Aviapartner Spain, S.A.; General Aviation Services, S.L.; Mallorcair, S.L.; Sky Valet Spain, S.L.U.; United Aviation Services, S.L.; y Universal Aviation Spain, S.A.
Los presuntos ilícitos incluyen prácticas concertadas como el reparto de mercado, fijación de precios, establecimiento de condiciones comerciales, intercambio de información sensible y acuerdos de no captación de empleados. Estas conductas se investigan en el contexto de servicios en tierra para aviación general en instalaciones FBO, originadas en una denuncia inicial de AENA sobre irregularidades en licitaciones.
El expediente tiene un plazo máximo de 24 meses para resolverse, y su incoación no prejuzga el resultado final. No se han detallado aún los importes de las multas, pero el impacto podría ser significativo en un mercado clave para la aviación privada en España.
