Aviación Digital, Sp.- El Ministerio de Consumo español impuso multas por 150 millones de euros a cuatro aerolíneas —EasyJet, Vueling, Volotea y Ryanair— por prácticas abusivas, entre ellas el cobro adicional por equipaje de mano, sobrecostes en impresión de billetes y opacidad en precios finales. Estas sanciones, derivadas de un expediente iniciado en 2023, han sido celebradas por organizaciones como FACUA y la OCU, que defienden que el equipaje de mano es un servicio indispensable y no puede supeditarse a recargos.
Sin embargo, la Comisión Europea ha respondido con una carta de emplazamiento [INFR(2025)4019], iniciando un procedimiento de infracción contra España por no alinear su legislación con el Reglamento (CE) n.º 1008/2008. Este reglamento protege la libertad de las aerolíneas para fijar precios y diferenciar servicios, como paquetes con o sin franquicia ampliada de equipaje.
Sentencia del TJUE y el choque con la Ley española
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en el asunto C-487/12, estableció que el equipaje de mano debe ser gratuito si cumple requisitos razonables de peso, dimensiones y seguridad. Excedentes sí pueden cobrarse, permitiendo a las compañías ofrecer tarifas básicas sin maleta de cabina. La Ley de Navegación Aérea española, en cambio, prohíbe cualquier recargo, restringiendo esta flexibilidad y limitando la competencia en el mercado único europeo.
Las aerolíneas sancionadas creen, además, que la medida afecta a la libre competencia en la Unión Europea, tal y como denunciamos recientemente en Aviación Digital. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha calificado las multas de «desproporcionadas» e «intromisión estatal», argumentando que obligan a 50 millones de pasajeros a contratar servicios innecesarios, elevando precios y reduciendo la conectividad aérea de España.
El dilema de las multas: ¿Titulares a costa del erario público?
La reciente ofensiva del Ministerio de Consumo contra aerolíneas low-cost, con multas por 150 millones de euros impuestas el 8 de octubre, ha desatado un conflicto con la Unión Europea que podría costar caro al contribuyente español. En lugar de una victoria para los consumidores, esta medida parece un tiro en el pie: el gobierno ha priorizado un impacto mediático —creando titulares de protección al usuario— sobre el alineamiento con el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, que defiende la libre fijación de precios por parte de las compañías aéreas.
Pero, ¿qué pasa si esta aparente «defensa» del ciudadano termina en un boomerang económico? La Comisión Europea, en su carta de emplazamiento del 12 de octubre [INFR(2025)4019], ya ha puesto en jaque la Ley de Navegación Aérea española por prohibir recargos en equipaje de mano que exceda límites razonables, tal como avaló el TJUE en el caso C-487/12. Si España no responde en dos meses, un dictamen motivado podría derivar en multas de Bruselas, anulando las sanciones iniciales a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. El resultado: dinero público evaporado en juicios y apelaciones.
