Un grupo de controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla va a emprender acciones legales contra AENA por impedirles acceder a la llamada Licencia Especial Retribuida (LER), un tipo de jubilación anticipada que ha quedado anulada en virtud de un real decreto aprobado por el Gobierno el 5 de febrero.
El abogado de los controladores, Antonio Ortiz Carrasco, ha explicado que sus clientes firmaron en 2009 la Licencia Especial Retribuida, con fecha de efecto en la mayoría de los casos el 1 de abril de 2010, pero ahora el organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) les ha notificado que no se va a cumplir en virtud del citado real decreto.
El pasado 5 de febrero, el Gobierno aprobó un decreto que devolvió a AENA las facultades para organizar el trabajo, estableció la obligación de todos los controladores de trabajar la jornada necesaria para el servicio y suspendió la Licencia Especial Retribuida, a la que tenían derecho a partir de los 52 años y con 30 de antigüedad.
Según ha explicado el abogado, "en los días próximos al cumplimiento de lo acordado por escrito", estos seis trabajadores, que "se habían hecho a la idea de su nueva situación personal, reciben por escrito una comunicación de AENA de que la LER ya no se iba a cumplir y que procedía a la aplicación del nuevo decreto ley de manera retroactiva para todos".
El Gobierno "omite información"
La primera acción va a consistir en una demanda ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) contra AENA por "vulneración clara de derechos laborales básicos de estos trabajadores e incumplimiento de un acuerdo formalizado y firmado con anterioridad al decreto ley", ha indicado el abogado.
Ha añadido que incluso algunos de los demandantes ya tenían confirmada la concesión de la licencia por escrito, según recoge en su denuncia, que invoca además la inconstitucionalidad del citado decreto.
Por otra parte, sostiene Ortiz Carrasco que este colectivo de trabajadores "es utilizado por parte del Gobierno como cabezas de turco de los graves problemas económicos del país, omitiendo información de su realidad laboral".
El decreto ley "vulnera varios principios básicos de nuestra legislación, sin contar con los graves perjuicios personales que ha causado a algunos de estos trabajadores y de manera especial a aquellos con derechos consolidados que llevan 40 años trabajando".
