Bruselas, BEL.- La Europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao preguntaba al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre los límites del fichero SINVES-Aquila que gestiona la Guardia Civil, y que se puso en funcionamiento en la época de Carmen Librero, como Secretaria General de Transportes en Fomento. En este fichero se recopilan datos sobre «personas sospechosas de conductas subversivas o antisistema». En base a esos datos, hace ya tres años, la Guardia Civil denegaba el acceso a la zona de tripulaciones al TCP de Iberia, Patxi Zamora, tal y como en AD hemos venido indicando.
El Comisario Reynders ha indicado en su respuesta que existen limites en el uso legal de datos y contenidos del fichero SINVES-Aquila, señalando además que los interesados mantienen su derecho a acceso al mismo, así como de rectificación, no pudiendo ser utilizados en procedimientos administrativos. Exactamente como se hizo en el caso del TCP de Iberia, Zamora, lo que supuso que la compañía procediera a su despido dado su imposible acceso al Area Restringida para Tripulaciones, es decir a su puesto de trabajo.
La Eurodiputada Bilbao desveló la existencia de dicho archivo, lo que habría hecho «sospechar» a Guardia Civil del Sr.Zamora, denegándole su acreditación de acceso, supuestamente, por este motivo. El despido de Zamora de Iberia, fue declarado improcedente en 2018. Actualmente está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo sobre si «devuelve» el asunto al TSJM.
Según Zamora declaraba a Noticias de Navarra se trata de una «muy buena noticia» ya que «la Guardia Civil no puede utilizar archivos policiales que tiene para provocar despidos laborales». lo que invalidaría su despido. Esto reforzaría el proceso jurídico actual, y la demanda ante el ombusdsman, Defensor del Pueblo Europeo, en el caso de otras tres personas que han sufrido una proceso similar al de Zamora. Estas tres personas han visto restringidos derechos supuestamente por su compromiso social exclusivamente. En el caso de Zamora, su compromiso social pasa por su pertenencia al colectivo de consumidores Kontuz.
Zamora también utilizó el PETI, Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para elevar una iniciativa sobre la restricción de sus derechos. Según Directiva de la UE el fichero utilizado por Guardia Civil se debería dirigir a la «prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente amenazas a la seguridad pública». Este supuesto no lo cumplía Patxi Zamora, salvo una interpretación arbitraria de los datos del fichero. La falta de respuesta es otro de los motivos de indefensión absoluta de este ciudadano, algo que sí contempla el capítulo III de dicha Directiva.
El Comisario Europeo de Justicia señala que «los interesados tienen derecho de acceso a los datos personales que les conciernan. Este derecho solo puede limitarse mediante una medida legislativa nacional y en la medida y durante el tiempo en que dicha restricción cumpla un estricto conjunto de requisitos establecidos por la Directiva. Cuando se deniega el derecho de acceso, el interesado tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad nacional de protección de datos o de interponer un recurso judicial ante el órgano jurisdiccional nacional competente». Bruselas en 2019 inició un procedimiento de infracción contra España precisamente por no haber traspuesto las previsiones de esta Directiva en vigor.
