Gran Canaria, SP, 27 de junio de 2014.- El PP ha rechazado en el Senado la reclamación de la autogestión aeroportuaria para Canarias, presentada como reacción a la privatización de AENA. Entregar los aeropuertos canarios a la gestión privada sería, sin paliativos, la debacle irreversible para la explotación del turismo. En nuestro archipiélago se dan las condiciones ideales para configurarse como un gran destino turístico, con todo a favor de la deseable excelencia en la calidad de la que lamentablemente se carece. El remate negativo sería la venta de nuestros aeropuertos.
Es evidente que el objetivo prioritario, y casi siempre único, del inversor es la rentabilidad inmediata, con cuantos más ceros a la derecha, mejor para su bolsillo. ¿Alguien desinteresado y bien informado puede suponer que no se dañarían gravemente los intereses ciudadanos si la condición de «servicio público» desapareciese en favor de dividendos particulares?
La falacia de que con el 51% se mantendría el control y la consideración de servicio público es inasumible por correlación con otros procesos de privatización que, en este siglo, han dejado indefenso al Estado Español por desprenderse de los más importantes pilares del sector estratégico, regalados a multinacionales extranjeras o a prójimos cercanos. Así, los «privatizados» consejos de administración son echaderos para políticos retirados que previamente gestaron el destrozo «patriótico». Los ejemplos son múltiples y los resultados lamentables. Aquí cerca, estamos sufriendo los perniciosos efectos de la «privada» EMMASA. Una muestra sin necesidad de botón.
No se trata solo de «solicitar» la autogestión aeroportuaria, sino de «exigir» con firmeza el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/1996 que contempla nuestro Estatuto de Autonomía, y su artículo 33 (específico para Canarias): «A la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en las siguientes materias…», en cuyo punto 13 define, sin opción a interpretaciones manipuladoras: «Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa«. Semánticamente no existe un solo punto de apoyo que hable de «control» sobre el 49%.
La operación privatizadora está contaminada desde sus orígenes. Cuando José Blanco, intentó camuflar el desastre de 14.000 millones de EUR de pérdidas en AENA, recurrió a crear un conflicto salvaje contra los controladores como cortina de humo para esconder una papa caliente que había que quitarse de encima. Bordó la maniobra de charlatán en feria barata porque todos babearon con su firmeza «por meterlos en cintura». Todo fueron mentiras y campañas orquestadas para ocultar el desaguisado. Pareció que los sustitutos tuvieran que seguir adelante con la herencia de una maniobra turbia, perversa y más que sospechosa. P. ej.: si el patrimonio del Ente está valorado en 15.000 millones de EUR, ¿cómo puede ofrecerse el 49% a la voracidad privada por menos de 3000 millones de EUR? ¿Y qué pasa con la archimillonaria deuda pendiente? Algo no cuadra.
¿Alguna duda? !Por favor!, más firmeza y conocimiento en los responsables de defender los verdaderos intereses y valores de este pueblo, tantas veces abandonado por falta de la protección debida y exigible a sus representantes políticos.
Otro motivo de reflexión y preocupación está en la dudosa capacidad de las autoridades locales para asumir la responsabilidad de una gestión tan compleja. Preocupa porque las competencias ya transferidas funcionan desastrosamente mal, y quizá falten la decisión, el arrojo y, sobre todo, el conocimiento para rescatar un patrimonio que hace años debió ser reclamado en mejores condiciones que las actuales.
Pero, de cualquier modo, en Canarias está prohibido por Ley privatizar sus aeropuertos. (REF: Art. 149.3 de la C.E.)
Fdo.: C. Castañosa, ex comandante de Iberia
25 de junio de 2014 bonzoc@hotmail.com
