27/02/2012.- La Asociación de Afectados por el Cese de Operaciones de Spanair (ACOS), se reunirá con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para darle a conocer la situación actual de los afectados, solicitando medidas para que un caso así "no se vuelva a repetir" y que los usuarios estén "efectivamente" protegidos.
El portavoz de la asociación, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha mantenido una conversación telefónica, en la que Pastor les ha "emplazado a una futura reunión", una vez se hayan agrupado y organizado los perjudicados.
La asociación considera que este gesto puede ser el inicio de una solución para los afectados por la quiebra de la aerolínea. El Ministerio ha iniciado un procedimiento sancionador a la compañía, que podría suponer una sanción de hasta nueve millones de euros.
"El Ministerio tiene que entender que se ve menoscaba la confianza del consumidor así como la imagen de España que vive principalmente del turismo", justificó el abogado en la primera rueda de prensa de esta asociación, creada tras la quiebra de la aerolínea, celebrada este viernes en Madrid.
El portavoz de la asociación explicó que se ha confirmado la inexistencia del seguro obligatorio o aval bancario en cobertura de las previsiones del Código de Consum para los supuestos de pago avanzado, lo que abre la vía de reclamación administrativa contra la Generalitat de Cataluña.
En su opinión resulta "indignante" que una empresa con capital público haya dejado "tirados" a más de 4.000 trabajadores y 500.000 clientes, atomizando y "repartiendo el perjuicio entre quienes no tienen el deber de soportarlo, haciendo con ello más difícil la reclamación".
Por ello solicitarán una entrevista con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón para pedirle un cambio de legislación en la interposición de acciones colectivas "para que la reclamaciones no cuesten más que el perjuicio y los afectados tengan derecho a una tutela judicial efectiva".
5.000 CLIENTES "TIRADOS"
Por otro lado, los afectados por el cierre de Spanair han exigido Generalitat de Cataluña que asuma su responsabilidad e indemnice a todos los perjudicados -unos 500.000 clientes se quedaron sin volar- ante la inexistencia de este seguro obligatorio.
"La Generalitat es responsable de lo sucedido porque tenía perfecto conocimiento de causa de la grave situación de la empresa y de la inexistencia del seguro obligatorio", explicó Conde-Pumpido.
Además, se insta a la Administración Concursal a afectar al pago de las deudas los bienes de los miembros del Consejero de Administración de Spanair, "por su presunta responsabilidad al estar la compañía aérea inmersa en causa de disolución previamente al cese de operaciones".
Según estimaciones de ACOS, los billetes de los 500.000 pasajeros que se quedaron sin volar pueden representar una deuda de entre 50 y 70 millones de euros para Spanair, a lo que se deben sumar los gastos derivados de las indemnizaciones y de los costes adicionales en alojamiento y manutención derivados del cese de operaciones.
Conde-Pumpido advirtió de que no existe, por vía del activo de Spanair, unos 126 millones, la posibilidad de que los clientes cobren por lo que considera necesario que se embarguen los bienes de los consejeros, entre los que están representados entes públicos como la Fira de Barcelona.
En la web de esta asociación, http://www.perjudicadosspanair.com/, los afectados pueden presentar la documentación para que sus créditos sean comunicados en el concurso de acreedores. Además, ofrecerá una bolsa de empleo para que los ex trabajadores de la aerolínea puedan encontrar empleo en otras aerolíneas con sueldos similares a los que tenían en Spanair
