Madrid, SP.- Por vez primera, y de forma relevante, con el voto particular en contra del PSOE, el dictamen de una Comisión de Investigación en el Congreso, señala responsables políticos como «necesarios cooperadores» para que el día 20 de agosto de 2008 se produjera el accidente que acabó con la vida de 154 personas, resultando heridas 18. Este dictamen deberá ser sometido al Pleno del Congreso, previsiblemente en el mes de mayo, para su aprobación definitiva.
La Comisión se puso en marcha el 6 de febrero de 2018 (impulsado por Podemos y ERC), curiosamente habiendo recibido el visto bueno del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un tweet en 2017 para que fuera aprobada su constitución por parte del PSOE. Por esto resulta absoluta e injustificablemente inexplicable, el voto particular en contra el día de ayer de este partido. Salvo que por encima del bien común derivado de la Verdad, se sobreponga el bien político de la formación que gobernara el fatídico día España. Este parece ser el sentido de su negativa a aprobar el dictamen de la Comisión.
Han comparecido 48 personas, y analizado miles de documentos tanto públicos como privados. Lo más relevante es sin duda que como factor causal más relevante el dictamen recoge que «el fallo sistémico que provocó el accidente es una responsabilidad de los encargados de comprobar el correcto funcionamiento de ese sistema, a través de los medios del Estado…» A partir de ahí este documento establece todo un listado de cargos políticos, de libre designación «digital» por los políticos, que en 2008 asumían puestos de responsabilidad en ese Sistema Aeronáutico español, tanto del Ministerio de Fomento, como de la DGAC, AENA, AESA, y en la propia CIAIAC que «investigó» esta tragedia.
Se señala directamente a la Ministra entonces de Fomento Magdalena Alvarez, y al Jefe de su Gabinete, Manuel Fernández, al Secretario General de Transportes, Luís Fernando Palao, al director de la DGAC, Manuel Bautista, al presidente de Aena 2004-2008, Manuel Azuaga, así hasta un total de 12 cargos que cuando se conozca el literal del dictamen serán públicos.
Aunque en el borrador, según señala la Agencia EFE, se había hecho una mención a las «conductas negligentes», poniéndolo en manos de la Fiscalía General del Estado, para que en su caso realizara las actuaciones pertinentes, será en el texto que apruebe el Pleno donde podamos ver con exactitud el alcance de lo aprobado ayer.
Hay toda una serie de puntos que deben ser analizados por la Fiscalía, según el dictamen, como un Informe de Aviación Civil, la documentación de la CIAAIAC, datos técnicos que Boeing no aportó a la propia Comisión, la revelación presunta de secretos del Jefe de Gabinete de Magdalena Alvarez y el trato de Mapfre a las víctimas.
Revela EFE, que a diferencia del borrador inicial, en el aprobado se excluyen como responsables a representantes de empresas privadas (Boeing y Mapfre), además de la propia Spanair, precisando lo que debe ser analizado por la Fiscalía General del Estado.
Entre los numerosas recomendaciones de este documento final de la Comisión, está por ejemplo, la creación de un cuerpo propio de Inspectores que vele por la seguridad aérea. Tambien se incluye la revisión de los protocolos de asistencia sanitaria en Aena, al corroborarse su mal funcionamiento durante el accidente, extendiéndose ese Plan de Emergencias en Barajas a las administraciones autonómicas, compañías y Protección Civil. Se activó de forma tardía el 20 de agosto de 2008. Se dice textualmente «en el accidente de Spanair «fallaron todas las barreras de seguridad».
Se dice textualmente «en el accidente de Spanair fallaron todas las barreras de seguridad»
Tambien se señala que el TOWS del avión no advirtió el día del accidente de una incorrecta configuración de la aeronave para el despegue, a pesar de que en 72 anteriores ocasiones se había detectado este problema en otros aviones y que Boeing, «no ha podido o no ha querido acreditar las causas de estos fallos».
Tambien en el dictamen se alude a la situación de Spanair el día del accidente, hablando de «serias dificultades económicas»(Spanair quebró en 2011), a pesar de que el Reglamento Europeo señala que es necesario que las compañías operen «con criterios de buena gestión económica», para garantizar la seguridad.
Habla de los técnicos de mantenimiento de Spanair que aún solucionando el problema inicial del avión, lo hicieron «sin averiguar que originaba la avería». Tambien indica que los pilotos «presionados por el compromiso» de puntualidad de la aerolínea, y el ERE presentado pocos días antes, no chequearon correctamente la configuración antes del despegue.
Pero quizás donde el error sistémico según el dictamen se materializa más claramente, es cuando se constata que la compañía «sin mediar inspección» habría recibido por parte de la DGAC, la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad del avión siniestrado final y trágicamente.
se constata que la compañía «sin mediar inspección» habría recibido por parte de la DGAC, la prórroga del Certificado de Aeronavegabilidad
La «coartada» para el voto particular del PSOE contra el dictamen estriba en que según esa formación política se estarían estableciendo responsabilidades que son competencia de la Justicia. Evidentemente el PSOE obvia que cuando se habla de este error total del Sistema Aeronáutico español, de lo que se está directamente hablando es de la directa responsabilidad política de quien debe velar por dicha seguridad aérea, que es un derecho básico del ciudadano al que representan, y de la directa responsabilidad política por dicha gestión, de los cargos que de forma digital que dichos políticos nombraron. Si de esto se deriva alguna responsabilidad de otro tipo, son los Tribunales de Justicia los que deben actuar efectivamente. Dada la neutralidad que órganos como la Fiscalía deben mantener en todo momento, su actuación, en caso de que lo consideren, se producirá a la vista de lo que se ponga en su conocimiento. Tan sencillo como esto. No ponerlo en su conocimiento, también supone un ilícito… por cierto.
Iremos ampliando esta información en los próximos días.
NOTA: Aviaciondigital expresa su malestar por la filtración por parte de algún partido político del dictamen de la Comisión de Investigación a una Agencia Pública de Noticias. La información que afecta a los servicios públicos, y que por tanto afecta a todos los españoles debe ser transparente y de acceso para todos los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Medios que pagan sus sueldos, y el de Agencias de Noticias estatales como EFE, que no deberían utilizarse como altavoces de los inconfesables motivos instrumentalmente. En ningún caso las formaciones políticas deberían utilizar de esta manera los medios, menos aún los públicos, a los que tanto defienden, para crear una falsa opinión pública entorno a lo que una Comisión estrictamente persigue, cuya finalidad en este caso es la Verdad de lo sucedido y la asunción de responsabilidades independientemente del partido gobernante. Esto es creer en el Bien Público.
