22/11/2011.- El Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial (CIMA), que actualmente ocupa una esquina del solar del antiguo Hospital del Aire en Madrid se trasladará a la Base Aérea de Torrejón en un plazo de dieciocho meses, según anunció el Gobierno el pasado viernes.
El último Consejo de Ministros autorizó la enajenación mediante subasta pública, que se anunciará antes de que finalice el ejercicio 2011, de los terrenos que ocuparon esas instalaciones del antiguo Hospital Central del Aire.
El solar ocupa una superficie de 28.000 metros cuadrados y se encuentra situado a la altura del número 82 de la calle Arturo Soria de Madrid. El pasado mes de septiembre la propiedad fue desafectada de su uso para la Defensa y puesta a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
La cuantía de la valoración de los terrenos, fijada en más de 35 millones de euros por parte de los servicios técnicos, hace que se requiera autorización del Consejo de Ministros para su enajenación.
En los últimos años el Ministerio de Defensa ha procedido a la demolición de los edificios existentes en dichos terrenos, a excepción del Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial.
Hace ahora un año el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y el presidente de la Fundación Instituto de Empresa, Diego del Alcázar firmaron un protocolo por el que la citada fundación se comprometía a adquirir el terreno por más de 35 millones de euros. En dicho solar, con una superficie de 26.000 metros cuadrados, se preveía levantar un centro educativo en el que se impartirían los cursos que actualmente ofrece el Instituto de Empresa en sus instalaciones de la calle María de Molina de Madrid, según fuentes conocedoras del acuerdo.
Para que la operación se ejecutase era requisito indispensable que el Ayuntamiento de Madrid recalificara el terreno, que pasaría de "equipamiento hospitalario" a "equipamiento educativo". El consistorio, que ya había sido sondeado, no ponía obstáculos al proyecto. La venta estaba prevista hacerse por el procedimiento de adjudicación directa, lo que la ley permite al ser el comprador una fundación de interés social sin ánimo de lucro, según fuentes de Defensa, que esperaba que el contrato pudiera firmarse en el año que ahora termina, una vez recalificado el terreno.
Al parecer, la operación no ha llegado a buen puerto y ahora el Gobierno anuncia su salida a subasta.
