Aviación Digital, Sp.- Más de un centenar de profesionales que intervienen en la extinción de incendios forestales están participando en Sevilla en la tercera edición del Seminario Lecciones Aprendidas, que organiza la asociación de trabajos aéreos y de emergencias ATAIRE y que se clausurará mañana.
Desarrollado en torno a cuatro bloques temáticos que englobarán un total de 24 ponencias, el seminario recoge el testigo de ediciones anteriores para que los participantes puedan compartir experiencias y sacar conclusiones de casos de éxito en situaciones complejas, pero también de posibles errores.
En palabras del presidente de ATAIRE, Eduardo Consejo, “las dos jornadas pretenden así seguir contribuyendo a la formación continua de quienes intervienen en este tipo de emergencia aérea, apostando por la eficacia de las actuaciones y por la seguridad”. Se procura ahondar también en la revisión y actualización de las metodologías y herramientas que contribuyan a este propósito.
Profesionales de extinción aérea, coordinadores de esta actividad, empresas del sector y administraciones públicas – que requieren de este tipo de trabajos – están ya compartiendo el análisis de prácticas en torno a la coordinación aérea desde la experiencia internacional, con ponentes de España, Portugal, Italia y Chile.
Todos ellos conocerán asimismo la actual normativa que regula su actividad y hacia qué futuro se dirige; herramientas de mejora para la seguridad en la lucha contra incendios; o actuaciones llevadas a cabo en grandes incendios forestales, un reto al que se enfrentan cada vez de forma más recurrente.
El conocimiento de diferentes modelos de coordinación y el análisis de la toma de decisiones en los momentos críticos ayudará a señalar el camino a seguir para afrontar situaciones similares de la forma más adecuada.
En el seminario están participando instituciones como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) o el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM), así como técnicos de los gobiernos de Chile, Italia y Portugal, y de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia.
